La Fiscalía investiga 157 incendios en los últimos seis años en las plantas de reciclaje a nivel nacional aunque la denuncia, interpuesta por Equo en diciembre de 2017, contemplaba 142. La cifra sigue aumentando con cuatro altercados más en el último mes. Dos de ellos en Granada. El último incendio sucedió el pasado viernes en la planta de reciclaje de Alhendín y junto al de Trasmulas de hace dos meses se unen al de Sollana en Alicante la semana pasada. Los sucesos avivan de nuevo un caso especialmente complejo tanto por el número de fuegos como por lo inexplicable de su proliferación.

En la relación de incendios incluida en la denuncia del partido verde aparece el nombre de Recisur, propietaria de las dos plantas afincadas en Granada. En lo que respecta a la ubicada en Trasmulas existen dos fechas: el 9 de marzo de 2017 y el 14 de mayo de 2018. Dos incendios en poco menos de un año en una misma zona, que se suman al sucedido en el mismo establecimiento en 2010.

En cuanto a la planta de Alhendín, el fuego de ayer se suma a otro en 2016. Pero las apariciones en el registro que maneja Fiscalía van más allá. La planta de residuos cercana al aeropuerto de Málaga, de la que es propietaria, cuenta otros tres incendios en los últimos cuatro años. El último altercado es uno de los pocos cuyas causas trascendieron públicamente tras ser provocado por un 'torito', una de las máquinas que prendió la mecha en montañas enteras de papel almacenado. En total este periódico ha podido comprobar que en la provincia de Granada se han sucedido 6 incendios en las plantas de reciclaje en los últimos 3 años. A los de Recisur se unen los de la planta de recogida de ropa de Atarfe en 2017, propiedad de East West, y la de Dólar, propiedad de Reciclados de Pet Andalucía, en 2015, con otro precedente en 2010 .

Según indican fuentes del antiguo equipo de investigación de incendios del Parque de Bomberos de Granada, ahora inactivo, "el caso de las plantas de reciclaje, en concreto de Recisur, es reiterado" y el número de incendios es "una cantidad completamente inusual y anormal", lo que se suma al hecho de que, a excepción del caso del citado incendio de Málaga, las causas no aparecen justificadas. Por su parte, Recisur se defiende y afirma que "las grabaciones de las cámaras de seguridad están ahí" y que quien así lo requiera puede acceder a unos archivos que evidencian, según la empresa, que "las causas de los incendios son accidentales y que estas se pueden demostrar a través del material de seguridad del establecimiento".

La hipótesis ofrecida por el antiguo equipo de investigación de incendios de Granada coincide con la posición de Equo y asociaciones como blogSOStenible, que desde 2013 lleva la cuenta de cada uno de los altercados que llegan a ver la luz en prensa. Los ecologistas plantean que la principal razón estaría ligada a un negocio redondo por parte de las empresas propietarias de las plantas. En este sentido, el portavoz del partido verde, Juantxo López Uralde, argumenta que se trata de "un beneficio económico doble. "Por un lado las empresas cobran por la recepción de esos residuos y por otro, en vez de tratarlos y reciclarlos en nueva materia prima, que implica un gasto, los residuos se queman y se cobra el seguro correspondiente, obteniendo unos beneficios desde nuestro punto de vista absolutamente ilegítimos para estas plantas de presunto reciclaje", argumenta. "Es un aumento injustificable. Si fuera accidental habría una cierta estabilidad en el número de incendios cada año. Llama mucho la atención que cada vez haya más y más, lo que indica que no hablamos de un caso específico y que debe haber una causa común", relata Uralde.

Una segunda hipótesis tendría que ver con la excesiva acumulación de residuos, que serviría como explicación tanto para la tesis de Equo, como para las probabilidades de que el fuego prenda debido a las altas temperaturas como las de ayer o el roce de los mismos. De momento, la investigación sigue abierta y los casos siguen sucediéndose. Recisur se encuentra asimismo en mitad de un recurso con la Junta de Andalucía a causa de la denegación concesión de la Autorización Ambiental Integrada por parte de la institución autonómica, por lo que se pide la aplicación de una sanción entre 240.000 y 2,4 millones de euros, como ya le sucediera a la empresa Recicor XXI, propietario de la planta de residuos que ardió en Córdoba en 2017.

Las condiciones de esta autorización, reformadas en 2013, tiene que ver tanto con la amplitud del recinto, que debería pasar del mínimo de 75.000 metros cúbicos exigidos hasta ese momento a los 1.295.00 metros cúbicos exigidos tras la reforma, como con una nueva ampliación en la lista de residuos admisibles. Curiosamente, tal y como indican desde la Junta, la concesión de esta autorización "no contempla el hecho de incorporar a este permiso la evaluación del riesgo de incendio ni las medidas de protección contra este tipo de siniestro, al no ser competencia de la Consejería".

La investigación abierta por Fiscalía, que contempla desde los 10 incendios acaecidos en 2012 hasta la friolera de los 53 registrados en el año pasado, se esboza compleja no sólo por la idiosincrasia de estos altercados y la dificultad a la hora de investigarse, sino porque las leyes establecidas son competencia de cada comunidad autónoma, lo que hace especialmente dificultoso encontrar una causalidad que explique esta reiteración y aumento de fuegos en un lugar tan comprometido y de tal relevancia para el medioambiente como son las plantas de reciclaje.