Aunque el alcalde ha afirmado por activa y por pasiva que la cesión de la Casa Ágreda es legal y que es un expediente cerrado que no tiene vuelta atrás, la oposición se resiste a claudicar ante lo que considera una privatización de un edificio histórico del Albaicín. El caso que hasta ahora formaba parte de la agenda de la política municipal, ha dado un salto al Parlamento andaluz, donde Izquierda Unida pedirá a la Consejería que revise el estudio detalle de la Casa Ágreda para que no se "malvenda" y la declare Bien de Interés Cultural.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, realizó ayer una visita al Albaicín para conocer de primera mano en qué punto se encuentra el conflicto que tiene en pie de guerra a los vecinos del barrio. Maíllo aseguró que la privatización de la Casa Ágreda supone "un auténtico quebranto para Granada". El líder andaluz de la formación de izquierdas criticó al Ayuntamiento por "hacer dejadez de funciones en su tarea de garantizar, mantener y conservar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad" y acusó al PP de actuar "contra los intereses culturales y económicos de los granadinos."

Maíllo informó de que la diputada granadina María del Carmen Pérez ya ha presentado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, se posicione sobre el tema. Por su parte, el coordinador apuntó que "reclamaremos que se catalogue la Casa Ágreda como Bien de Interés Cultural, lo cual es fundamental para que, en caso de conflicto, la Junta tenga derecho de retracto y acceso justificado a un edificio patrimonial del que alguna administración quiera hacer un uso indebido y contrario al interés general, para lo cual, ante el relajo del gobierno municipal, instaremos para que otras administraciones públicas garanticen el carácter público de los equipamientos culturales".

Para IU la solución ideal es que la Casa Ágreda acoja un museo municipal que ahora mismo es una de las carencias de la oferta cultural granadina. Además, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, recordó la resolución adoptada en pleno del pasado viernes con el voto de todos los grupos de la oposición y "que obliga a la paralización de la venta de la Casa Ágreda, y a que se restituya su uso como equipamiento público". Asimismo, Puentedura remarcó que "Torres Hurtado no puede saltarse una decisión alcanzada en el pleno" ya que "hay base legal para poder dar marcha atrás a la cesión de su superficie", afirma el edil de izquierdas. Según el edil, la forma de hacerlo pasa por establecer un convenio de colaboración con la ONG que pretende adquirir la Casa Ágreda, "pero evitando la privatización de un edificio patrimonial, pues malvenderlo supone un robo a los granadinos"