La familia de Deifontes que había conseguido paralizar su desalojo hasta en tres ocasiones anteriores ha sido finalmente desahuciada. El matrimonio, su hija y su nieta menor de edad fueron expulsados la mañana de ayer de su vivienda en cumplimiento de la orden del Juzgado de Primera Instancia 14, tras tres intentos anteriores de desahucio en los que logró suspenderse para intentar negociar la recompra de la casa con el banco.

Pese a que la plataforma Stop Desahucios y multitud de vecinos y allegados intentaron detener la medida, el dispositivo de desalojo, en el que participó la Guardia Civil, finalmente se hizo efectivo.

El presidente de Diputación volvió a pedir ayer una nueva paralización

Dada la resistencia y oposición de vecinos del municipio a que se ejecutase, el cuerpo armado estudia la posibilidad de interponer denuncia contra quienes han intentado impedir el proceso.

El alcalde de la localidad, Francisco Abril, que trató hasta el último momento de evitar que se ejecutara el desalojo, aseguró que es una "injusticia" y además insistió en la idea de que en la vivienda desalojada vivía una menor.

La familia permaneció en la vivienda hasta última hora junto a distintos cargos públicos, aunque finalmente la abandonaron, según el regidor, "pacíficamente" una vez que los agentes lograron acceder a la misma, cuyas cerradura y un candado fueron cambiados esa misma mañana.

La dirección al completo de Izquierda Unida en Granada, junto a miembros del colectivo Stop Desahucios, se había concentrado en la localidad para intentar parar por cuarta vez el desahucio promovido judicialmente por el banco portugués Primus.

"Esta familia vive con su nieta que es menor de edad. Sin embargo, no les han dado ningún tipo de opción a negociar, ni acogerse a ninguna ley hipotecaria o garantía con ninguna entidad bancaria", señaló la coordinadora de la formación de izquierdas, Mari Carmen Pérez, tras culminarse este desalojo.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, también se pronunció a primera hora de la mañana y pidió la suspensión del desalojo al subrayar que "no está garantizado que estas personas, entre las que se encuentra una niña pequeña, dispongan de otro lugar para alojarse". Según indicó, "sería conveniente que las autoridad judicial, o quien corresponda, detuviera la ejecución del alzamiento de manera inmediata".

José Entrena, que estuvo en contacto con la Subdelegación del Gobierno, quiso enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a la familia, y se puso en contacto con los Servicios Sociales de la zona, dependientes de la Diputación, para conocer su situación y los recursos que se pueden poner a su disposición.