El PP de Granada reclama al Gobierno una reforma del sistema de financiación local que garantice la igualdad entre ciudadanos

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada ha elevado este viernes al pleno del Consistorio una moción en defensa de una reforma “justa y respetuosa con la autonomía municipal” del sistema de financiación local que permita “garantizar la igualdad entre los ciudadanos, la sostenibilidad de los servicios públicos municipales y el equilibrio territorial en todo el país”.

Así lo ha trasladado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, quien ha subrayado el papel esencial que desempeñan los ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos básicos, la cohesión social y la vertebración del territorio y que hoy se ve “seriamente amenazado” por el impacto que pueden tener las propuestas del Gobierno de España en materia de financiación pública: “El PSOE de Granada tiene que elegir: O está con los granadinos o está con Sánchez y Junqueras, porque estar con todos hoy es imposible. Sánchez ha roto la igualdad entre españoles, discriminando a Andalucía”.

El portavoz ha advertido de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados, junto a la rigidez de las reglas fiscales y la falta de certidumbre normativa, “está dificultando gravemente la planificación económica de los municipios, limitando su capacidad de inversión y condicionando la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía”. En este contexto, el portavoz ha mostrado la preocupación de su grupo ante el anuncio del Gobierno de España de una reforma del sistema de financiación autonómica planteada de forma “parcial, bilateral y sin un marco multilateral previo”, lo que, a su juicio, genera “dudas razonables sobre su impacto para la cohesión territorial del país”.

Ante esto, el portavoz ha anunciado que el Ayuntamiento de Granada reclamará al Gobierno la retirada de su propuesta de financiación autonómica y exigirá que cualquier reforma se aborde desde un enfoque “transparente y basado en criterios objetivos, evitando acuerdos singulares que puedan llegar a generar desequilibrios territoriales”.

Saavedra también ha puesto el foco en la imposición de nuevas obligaciones financieras a los ayuntamientos sin una financiación adicional, como ocurre con la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a repercutir íntegramente el coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos a los vecinos mediante una tasa específica. “Esta medida limita de forma clara la autonomía fiscal municipal y traslada directamente a los ciudadanos el coste de decisiones adoptadas sin financiación adicional ni margen de flexibilidad”, ha argumentado Saavedra, quien ha anunciado que el Ayuntamiento reclamará una revisión de la aplicación de esta normativa, apostando por medidas alternativas no impositivas.

“Los ayuntamientos somos la administración más cercana a los vecinos y, paradójicamente, seguimos siendo la gran olvidada en los debates sobre financiación pública, a pesar de asumir cada vez más competencias y responsabilidades sin los recursos necesarios para afrontarlas con garantías”, ha lamentado Saavedra.

En paralelo, el Ayuntamiento exigirá la convocatoria inmediata y ordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) como órgano clave de cooperación institucional. “Es imprescindible recuperar los espacios de diálogo y lealtad institucional para abordar de forma conjunta y transparente los cambios que afectan a la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas”, ha remarcado Saavedra, quien ha resumido que el objetivo de esta iniciativa no es otro que “defender la igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, y garantizar que los servicios municipales cuenten con los recursos necesarios para seguir prestándose con calidad”.