El cambio de conductas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que ha conllevado un colapso en los asuntos judiciales a raíz del confinamiento de los ciudadanos, y la interinidad en la que se encuentran los órganos de gobierno del poder judicial en España marcaron el discurso de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, con motivo de la apertura ayer del año judicial en la región. Entre los retos que planteó para el futuro inmediato de la justicia fijó "ganar credibilidad, tanto externa como interna, y aumentar la eficiencia".

Al acto oficial, que se retoma tras la suspensión en el pasado ejercicio, aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias, asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

Ante la situación de colapso, Del Río enfatizó que "se ha incrementado la pendencia existente por el parón derivado del confinamiento, por las dificultades inherentes al nuevo entorno de trabajo y recursos a nuestra disposición, así como por la sobrecarga y nuevos conflictos surgidos a raíz de dicha crisis socio sanitaria".

En cuanto a la interinidad, ante el incumplimiento por el poder legislativo del mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arguyó que la situación "es un claro reflejo de la fragilidad del poder judicial en España, supeditado en su configuración gubernativa a los vaivenes de la confrontación política" y lo argumentó sobre la base del que "el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ lo expresaba con vehemencia hace unos días, al tiempo que calificaba la situación en la que nos encontramos de insostenible para la judicatura y para la propia sociedad".

El presidente del TSJA recordó que "el sistema judicial español es vulnerable a la politización, a lo que coadyuva la no renovación del CGPJ", para agregar que "una democracia de calidad y un Estado de derecho digno de tal nombre exige la renovación de sus órganos constitucionales en los plazos legales previstos y desde un ejercicio de neutralidad política que, además de ser real, ha de ser también aparente".

También afirmó que convertir la renovación del CGPJ en campo de contienda de los partidos políticos "traslada a la ciudadanía un mensaje de dependencia, pues para el ciudadano común resulta difícil deslindar y disociar el papel del CGPJ del que corresponde a los propios jueces y tribunales, originando un nefasto efecto distorsionante". Al hilo recordó que las instituciones europeas son las que instan a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ y apuntó a la necesidad de situar nuestro sistema en línea con los estándares del Consejo de Europa.

"Urge revertir esta situación, asentando el poder judicial, su órgano de gobierno, en un ámbito de independencia real y perceptible, como medio para que la legitimidad de los jueces no pueda estar cuestionada. La tarea es ardua porque la voluntad política parece discurrir en sentido contrario, ya que se han añadido limitaciones competenciales a un CGPJ en funciones, haciendo abstracción de las severas disfunciones que ello produce y olvidando que en el caso del poder judicial todo el despacho y funciones es ordinario, por lo que no existe un claro argumento de analogía con la figura de un Gobierno cesante y en funciones", puntualizó el presidente del alto tribunal Andaluz.

Lorenzo del Río, pese a lo expuesto, subrayó que "tenemos una justicia independiente y competente, aunque sin los medios y recursos óptimos". Eso sí, apuntó sobre lo argumentado que el sistema judicial tiene la necesidad de esforzarse en ganar mayor credibilidad interna, ya que "no hay mejor manera de suscitar confianza que hacer nuestro trabajo lo mejor que uno puede" y habló de "desempeño honrado e independiente de la función jurisdiccional, con todos los defectos y errores que, como humanos, podamos tener", para apostillar: "La sobrecarga de trabajo que soportamos y el déficit de medios, personales y materiales, no han de servir de excusa para minorar nuestro esfuerzo como servidores públicos y reflexionar sobre nuestros vicios o rutinas".

De Río llamó a materializar "plenamente el Plan Estratégico y de Calidad de la Administración de Justicia, continuar el impulso del desarrollo de las nuevas tecnologías, llevar a cabo la mejora de las infraestructuras judiciales y una eficaz gestión de los recursos humanos".

Remarcó que la Memoria del TSJA "es sumamente explícita al respecto y detalla todas las necesidades de infraestructuras en cada provincia, así como las reformas organizativas necesarias para rentabilizar y optimizar nuestra organización frente a dispersión y rigidez actual de recursos humanos y materiales". Ahí manifestó su confianza en que la Consejería de Justicia aproveche los fondos del Plan de Recuperación New Generation EU para avanzar en la digitalización de la justicia y el despliegue de infraestructuras digitales básicas que aseguren la inmediación digital, el trabajo deslocalizado, un canal de atención a la ciudadanía y profesionales, con sistema de cita previa, todo ello en un entorno de ciberseguridad. A ello sumó la materialización del nuevo sistema de gestión procesal @driano, que se encuentra en fase de construcción e implantación, y su plena interoperabilidad.

En el ámbito estatal, el presidente del TSJA hizo notar la falta de los diferentes proyectos legislativos esenciales para reforzar la justicia y urgió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y "consensuar un solo proceso penal, no cinco, suprimir la actual dualidad con la investigación preprocesal del Ministerio Fiscal y la investigación judicial, haciendo de los juicios rápidos la regla general y no la excepción". Reclamó además la adopción medidas que permitan controlar la "preocupante tasa de litigiosidad actual" como consecuencia, en gran parte, de un uso excesivo de la justicia.

Lorenzo del Río se refirió también a las decisiones judiciales contradictorias que se han producido en torno a algunas de las medidas planteadas para la lucha contra la pandemia –en clara referencia a la situación de Montefrío, que la Sala de Granada rechazó confinar la localidad por la alta tasa de incidencia del Covid entre su población, mientras la de Sevilla lo autorizaba con respecto a otros pueblos de Andalucía– y llamó a poner esfuerzo en "garantizar a los ciudadanos una mínima uniformidad y seguridad jurídica, procurando evitar decisiones dispares ante asuntos similares".

En este sentido, puso como ejemplo la gestión de la pandemia en nuestro país, comparando que las restricciones adoptadas han sido semejantes en todos los estados de nuestro entorno, pero reseñando que "no ha tenido en ellos tanta repercusión en el funcionamiento de los tribunales como ha ocurrido en nuestro país".