El contenido de la memoria judicial del año 2019 en Andalucía, presentada esta mañana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, Lorenzo del Río, es ajeno por completo al gran terremoto que este año ha sacudido también al ámbito judicial, por la paralización de la actividad y los nuevos asuntos relacionados con el coronavirus. Precisamente por eso, el máximo responsable de la judicatura en este territorio no ha dejado pasar la ocasión para lanzar con mayor fuerza su ya tradicional petición de reformas de un sistema cuyas carencias han quedado mucho más al aire a raíz de esta crisis sanitaria. 

El estado de alarma ha revelado, según Del Río, la fragilidad del sistema y las carencias telemáticas de la Justicia, lo que aboca a un "horizonte incierto" por la presumible avalancha de nuevos asuntos vinculados a la crisis y la necesidad de gestionar la carga de trabajo ya pendiente antes de la emergencia sanitaria.

Esto amenaza con "tensionar mucho más" el sistema judicial, explicaba Del Río, quien ha insistido en la necesidad de llevar a cabo reformas organizativas, procesales y tecnológicas, además de una puesta en marcha más decidida de sistemas complementarios de resolución pacífica de conflictos.

En las conclusiones finales de la memoria, ésta pone de manifiesto la dificultad que representa la "confluencia de tres Administraciones públicas en la gestión de los medios personales y materiales en Justicia, lo que abunda en la necesidad de una mayor coordinación y consenso enel diseño y ejecución de las reformas necesarias".

El TSJA recuerda que las "competencias están muy fragmentadas y la crisis del coronavirus ha venido a poner de manifiesto todas las debilidades de un sistema, en cierto modo ineficaz, necesitado demayor unificación en el mando".

La mezcla entre las funciones gubernativas y jurisdiccionales es para el presidente del TSJA un elemento "desestabilizador de enorme calado" y ahí radica su petición de este tipo de reformas. Reconoce que existen toda una serie de órganos de gobierno, pero sostiene que "su capacidad de transmitir órdenes e instrucciones sobre aspectos organizativos esenciales se encuentra muy mitigada".

Por eso, continúa en la memoria anual, "sería muy conveniente una clara delimitación entre las funciones gubernativas y las jurisdiccionales que actualmente se entremezclan no sólo en los cargos judiciales que las acumulan (Presidentes de Tribunales y Audiencias y Jueces Decanos), sino en todos y cada uno de los jueces y magistrados titulares de un órgano judicial -o presidentes de una Sala o Sección-, de modo que, en el ámbito gubernativo, el principio de jerarquía imperase de modo efectivo.

También insiste un año más en las reformas que el legislativo mantiene paralizadas un año más, y ya va más de una década, lo que deja al sistema en una organización propia del siglo pasado. "Seguimos a la espera del imprescindible y significativo cambio del sistema organizativo judicial, junto a la necesaria reforma del proceso penal", un aspecto en el que incide año tras año. Del Río hace un llamamiento claro al "consenso político" para abordar estas cuestiones. 

El órgano de gobierno de los jueces en Andalucía reclama profundizar en la mediación y en la dotación de unas herramientas procesales acordes. Pero no es suficiente. Para "dotar al sistema de justicia en España de las capacidades necesarias para prestar un buen servicio a los ciudadanos hace falta también inversióneconómica". La actual crisis provocada por "la pandemia ha puesto de manifiesto de forma descarnada los efectos de ese déficit en nuestra Administración de Justicia: no podemos continuar sin los medios tecnológicos de que disponen muchas otras Administraciones".

"Hablar de teletrabajo es una entelequia en muchos niveles (durante la época de confinamiento ha sido elocuente), porque, a día de hoy, el funcionario que está en su domicilio no puede desarrollar su labor en la tramitación de los distintos procedimientos con una mínima normalidad", expone el presidente del TSJA.

En cuanto a los datos de la memoria de 2019 presentada hoy, el presidente destaca que los órganos judiciales ingresaron el año pasado 1.242.678 asuntos -un 3% más que el año anterior- en Andalucía, comunidad que se mantuvo con la segunda tasa de litigiosidad más alta de España, superior en un 11% a la media estatal, con 148,6 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Durante la presentación en Granada, el presidente del TSJA ha señalado que la jurisdicción penal fue la única que disminuyó sus registros, mientras que se incrementaron en el resto.