Los procuradores acuerdan hoy medidas contra la Ley de Colegios Profesionales

Los procuradores anunciarán hoy, tras la celebración en Granada del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, las medidas que piensan adoptar en el marco de la campaña de movilizaciones que ya han anunciado contra la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Entienden que esta nueva norma del Gobierno será "muy perjudicial" tanto para el colectivo como para el ciudadano, así como que afectará negativamente al funcionamiento de la Administración de Justicia.

El colectivo informará de sus planes en una rueda de prensa que ofrecerá a las 13.30 horas en la sede del colegio granadino, sita en el número 22 de la Avenida de la Constitución, y en la que intervendrán el vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Sánchez García, y el presidente del Consejo Andaluz de Procuradores, José Jiménez Cózar. El acto, en el que se desvelarán las medidas que el colectivo piensa tomar contra el anteproyecto de ley presentado en agosto por el Ministerio de Economía, se ha convocado coincidiendo con la fecha de apertura del año judicial en Andalucía.

En declaraciones a este diario, la decana del Colegio de Procuradores en Granada, Mónica Navarro-Rubio, explicó que la nueva ley, que establece la compatibilidad de abogados y procuradores, afectará por ejemplo a la notificación telemática, un terreno donde sus consecuencias pueden ser fatales. En este contexto, aclaró que de la gestión y coste del sistema Lexnet, a través del que se realizan esas notificaciones, se están haciendo cargo hasta ahora los colegios de procuradores del país y, de cambiarse esta fórmula, podría producirse el finde esta útil herramienta. "En Granada hemos sido pioneros en Lexnet. Llevamos luchando por ese sistema, junto con la Junta de Andalucía, muchos años, y yo creo que se puede producir un colapso total y por lo tanto la vuelta al papel", advirtió.

La decana se refirió también a la supresión del arancel de procuradores y explicó que si los abogados van a hacer la representación procesal ellos lo van a cobrar, "con lo cual esta medida que pretende ser para abaratar el coste de la Administración de Justicia al ciudadano lo que va a hacer es que lo va a encarecer, pues los procuradores somos más baratos y al tener unos aranceles tenemos la obligación de respetarlos y no podemos ni subir y bajar".

Para el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), el anteproyecto presentado va a provocar que "se retroceda a situaciones de hace más de 30 años". A su juicio, éste se atiene "únicamente a criterios económicos", sin que se hayan tenido en cuenta "los verdaderos problemas de los profesionales y del sector.