Un propietario corta la luz y el agua a los inquilinos para echarlos del piso

Rumanos y La Chana son dos palabras que suelen asociarse a conflictos causados por los primeros. Pero no siempres es así y ahora los vecinos se ponen de parte de una familia de inmigrantes a los que el propietario del piso de alquiler donde viven ha cortado el agua y la luz para conseguir que se vayan.

Los habitantes son un matrimonio, los padres del marido y cinco hijos. Cuando llegaron en septiembre del año 2008 al inmueble, el propietario se comprometió a comprar una lavadora y un frigorífico nuevos, ya que los electrodomésticos estaban rotos. Aún no ha cumplido la promesa ni ha reparado los darros atascados.

Desde hace dos meses, a esta situación se suma el corte del suministro de luz y agua, que obliga a los miembros de la familia a acudir a por ella en garrafas y a usar velas. "No tienen agua caliente ni estufa y el niño pequeño de un año está resfriado", dice el presidente de la comunidad de vecinos, José Antonio Camacho.

Según la madre, M. G., el propietario exige el pago de 450 euros para instalar un contador de luz, cantidad que dice ya le abonaron gracias a los servicios sociales. A pesar de preguntar de manera continua en Sevillana, no han recibido la visita de ningún técnico.

Camacho asegura que la casa carece de contador desde que el propietario enganchó la instalación a otra vecina y se quemó. Asimismo, M. G. afirma que, con anterioridad y alegando que eran familiares, les cobró 900 euros en concepto del recibo de la luz tras desalojar a la familia del inmueble contiguo, con la que compartían contador. Aunque ha solicitado ver estos papeles, no ha recibido respuesta.

En respuesta han dejado de abonar las mensualidades y dicen que no lo volverán a hacer hasta que no mejore la situación de la casa. Aunque no tienen trabajo y sólo ganan lo que sacan de la chatarra y la mendicidad, pagaban 450 euros al mes más los gastos de comunidad. No obstante, el presidente de la comunidad señala que el arrendador debe 1.800 euros en este concepto.

Lejos de una posible solución o acuerdo, el último ofrecimiento del dueño ha sido la cantidad de 450 euros para que se marchen del piso.

José Antonio Camacho pide que los Servicios Sociales del Ayuntamiento tomen cartas en el asunto y obliguen al propietario a que mejore las condiciones en las que vive esta familia rumana. "En otras ocasiones los vecinos nos hemos unido para lograr que familias conflictivas y que ocasionaban problemas se fueran, pero también estamos al lado de las que merecen apoyo porque se están aprovechando de ellas".

M. G. se muestra más escéptica con respecto a un final que les beneficie y se plantea abandonar la casa en navidades antes que seguir así.