Los propietarios del edificio Marisol reclaman 14,5 millones a Monachil

La representación legal de la mercantil Serralbol, propietaria del Edificio Marisol en Sierra Nevada, presentó el pasado viernes ante el registro general del Ayuntamiento de Monachil una reclamación por responsabilidad patrimonial por el precinto que la Policía Local realizó del inmueble. La empresa entiende que el Consistorio es el responsable de la situación "por haberse producido la anulación de los títulos administrativos -estudio de detalle y licencia de obras- de la obra del Edificio Marisol, lo que ha provocado un daño claro".

Ese daño es cuantificado por la mercantil en 14.526.794 euros, que es lo que le reclama formalmente en el escrito al que ha tenido acceso este periódico. A esa cantidad, advierte la representación legal de Serralbol, habrá que sumar "el lucro cesante dejado de obtener por la falta de utilización y disfrute del edificio desde el momento de su precinto el 24 de enero hasta el día de su demolición o devolución a sus propietarios y todos los demás que devenguen durante la tramitación del procedimiento", incluyendo en esta hipótesis "los de demolición si llegara a producirse".

La reclamación patrimonial hace expresa referencia a la demolición del edificio, posibilidad que fue descartada en su día por la Audiencia Provincial. Aunque para entender la situación de Serralbol y el calvario del Edificio Marisol hay que remontarse a 2005. A principios de este año, la mercantil compró los terrenos donde se asienta al edificio a otra empresa que a su vez se la había adquirido a un tercero. Serralbol solicitó entonces licencia de obras para 82 apartamentos turísticos, aparcamientos y trasteros en esa parcela de Sierra Nevada, licencia que fue concedida por el Consistorio en virtud de un estudio de detalle llevado a cabo dos años antes, en 2003, y que el actual alcalde de Monachil, José Luis Samos, votó a favor siendo concejal de la corporación.

Pero, mientras tanto, el Juzgado de lo Penal 1 de Granada llevó una causa por prevaricación contra dos ex alcaldes de Monachil, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP) y el arquitecto municipal de la época en la que se aprobó el estudio de detalle. En ese procedimiento judicial, el magistrado de Penal 1 condenó a los dos políticos y al técnico, al tiempo que aseguraba que tanto el estudio de detalle como la licencia de obras posterior dada a Serralbol, que no fue parte en el proceso penal, eran nulos, por lo que ordenaba la demolición del inmueble.

El fallo fue recurrido ante la Audiencia Provincial, que si bien ratificó la condena por prevaricación a los encausados, rechazó que se demoliese el edificio porque la decisión perjudicaba a terceros adquirientes, en este caso, Serralbol y los 82 propietarios de los apartamentos en la Sierra. Tras la decisión de la Audiencia Provincial, ya a principios de este año, el juez de Penal 1 dictó un auto de ejecución de sentencia en el que, a la vista de que no se podía demoler el inmueble, ordenaba el precinto del mismo y advertía al Ayuntamiento de Monachil de que "no se podrá conceder licencia o llevar a cabo actuación alguna tendente a permitir la habitabilidad" del edificio, por lo que el inmueble, desde entonces, está precintado, vacío, en pie en Pradollano pero sin que sus propietarios puedan disfrutar de él. Los mismos, por otra parte -tanto los propietarios como la mercantil- que no han sido escuchados en ninguna de las fases del procedimiento judicial que se centraba en el edificio.

El precinto ordenado por el juez y ejecutado por el Ayuntamiento de Monachil a través de su Policía Local "consuma el daño" a los intereses de los propietarios y de la mercantil, que ahora reclama al Consistorio por esa situación en forma de 14,5 millones de euros. Cantidad que, se asegura en el escrito, "deberá ser actualizada conforme resulte del índice de precios al consumo".

Desde la mercantil se entiende que, una vez conocida la sentencia de la Audiencia, el Consistorio debería haber comenzado el procedimiento administrativo de restablecimiento del orden jurídico perturbado que, como se ordenó, no podía ser la demolición, sino una innovación el en Plan General de Ordenación Urbana del municipio, como ya se ha hecho en condiciones similares en Almuñécar y Armilla.