UGR

Protesta del SAT para exigir la apertura de los comedores de la Universidad de Granada

  • CTI y SAT se concentran en la sede del Rectorado

  • La Gerencia atribuye la movilización a interés de los sindicatos "que no quieren perder su liberación sindical"

Protesta en el Hospital Real.

Protesta en el Hospital Real. / Photographerssports

El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) convocó en la mañana de hoy una concentración en la sede del Rectorado de la Universidad de Granada (UGR) para "luchar" porque el personal laboral que no entró en el proceso de funcionarización "no pierda derechos adquiridos". Según el sindicato, un tercio de la plantilla de los trabajadores y trabajadoras laborales de la UGR se concentraron e la puerta del Rectorado "para exigir el mantenimiento de derechos, percepciones económicas y la apertura de los centros cerrados de la UGR" como son los comedores universitarios y otros servicios que para los convocantes “la rectora de la universidad pretende privatizar”.

Durante el acto, convocado por las secciones sindicales y representantes en el comité de empresa de CTI y SAT, al que se han sumado la sección de Profesorado Docente Investigador del SAT y el sindicato estudiantil USE, han intervenido Manuel Hidalgo (CTI) y Miguel Ángel Gámez (SAT), además de representantes de las secciones antes citadas y diverso personal de la institución académica que han aprovechado para celebrar una asamblea dentro de los jardines del Hospital Real, indica en una nota el sindicato.

Según informaron los concentrados, que componía cerca de un tercio de la plantilla de personal laboral, la negativa de la rectora, Pilar Aranda, y la gerente a entrevistarse con el comité del PAS "es una nueva actuación encaminada a saltase la legalidad, conculcar la Libertad Sindical y saltarse a los legítimos interlocutores" para “abundar en la política de privatización emprendida por el rectorado”.

"Otro asunto que defendemos, es que los servicios no se vean perjudicados ya que se intenta implantar un calendario laboral 2021, donde con la excusa de la pandemia se está aprovechando para quitar parte de derechos laborales adquiridos; ejemplo los servicios que tienen jornada especial (comedores, deportes y jardines). Así como la obligación de hacer trabajar en el mes de agosto a personal que antes se le impuso disfrutar de sus vacaciones en ese mes", añade el comunicado.

"El Comité de Empresa inició una campaña de recogida de firmas del personal afectado, se han conseguido unas 100 aproximadamente. Estas firmas se han enviado a la Rectora de la UGR y viendo que nos está posponiendo la negociación, hemos convocado una concentración-asamblea para explicar la situación y reivindicar no perder los derechos laborales conseguidos. Así como exigirles la apertura inmediata de todos los servicios, incluidos los Comedores universitarios". "Esta situación está produciendo numerosos ceses, sobre todo en limpieza y comedores", concluye la nota del SAT.

Respuesta de la UGR

A mediodía la Oficina de Gestión de la Comunicación emitió un comunicado en el que se da respuesta al escrito remitido por las secciones sindicales CTI y SAT. "Desde esta Gerencia hemos de hacer ciertas aclaraciones porque no responde a la verdad en la mayor parte de sus aseveraciones", comienza el escrito de UGR.

"Los sindicatos mencionados han convocado en Asamblea al personal laboral que en la actualidad asciende a unos 183 trabajadores tras el proceso voluntario de funcionarización al que han optado libremente otros más de mil trabajadores. La asistencia a dicha Asamblea, aunque realmente ha sido una concentración (no sé si convocada como Asamblea para que no se les descuente las 2 horas en que han dejado de trabajar) ha sido de unas 30 personas y como ellos han indicado han invitado a concentrarse a otros colectivos (PDI y estudiantes) por lo que el seguimiento ha sido mínimo, y nunca de un tercio de la plantilla como indican", indica el escrito de Gerencia.

"Hemos de aclarar que las reuniones con el comité de empresa son contantes, en concreto, y refiriéndonos a las últimas fechas, esta Gerencia se reunió con dicho comité el 29 de enero y el 18 de febrero, además de haberse producido una reunión con la rectora el 15 de febrero (reunión solicitada por el comité el 4 de febrero)".

"No hay ningún derecho que se haya recortado, ni ninguna percepción económica que se haya reducido y el cierre de algunos servicios, como el de comedores, se debe únicamente al cumplimiento estricto de la normativa sanitaria que específicamente así lo ha determinado para nuestra Universidad. Bien es conocido por la comunidad universitaria y por la sociedad que la UGR siempre ha mantenido que nuestros centros y servicios son seguros, pero acatamos como no puede ser de otra manera la normativa y las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias", añade el comunicado.

"En ningún momento se está hablando de privatización de determinados servicios en la Universidad de Granada, muy al contrario, aun cuando se ha producido una minoración importante del trabajo necesario para mantener la actividad que le es propia a nuestra institución, se han mantenido todos los puestos de trabajo desde que empezó el cierre de nuestras instalaciones en marzo de 2020, incluso de personal eventual".

"Nuestra universidad no se ha saltado por tanto la legalidad, ni la libertad sindical, ni mucho menos ha llevado a cabo ningún cese".

Como consecuencia del proceso de funcionarización (que supone además una mayor estabilidad para "nuestra plantilla y un proceso de promoción interna) y de la existencia de un nuevo baremo de Comisiones de Servicio, lo que se está produciendo es una sustitución de las personas que desempeñan dichas comisiones de servicio, no se trata de ceses en los puestos de trabajo", aclara el comunicado de la Universidad.

"Realmente esta movilización está motivada por el propio interés de los sindicatos convocantes que no quieren perder su liberación sindical al pasar a representar tan sólo a 183 trabajadores de los iniciales 1.200 (la mitad de los cuales corresponde a personal en jubilación parcial y sus relevistas que no podían funcionarizarse). De hecho, hemos remitido escrito al Centro de Mediación y Arbitraje de la Junta de Andalucía para que nos aclare la legalidad y la capacidad de negociación y de llegar a acuerdos de un Comité de Empresa de 23 miembros que se ha quedado en 8 miembros y que se niegan a convocar nuevas elecciones", concluye el escrito.

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