El pasado 28 de septiembre, la Universidad de Granada puso en pie uno de los compromisos sociales adquiridos por el equipo de la rectora, Pilar Aranda. La UGR aprobó su protocolo para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales, una medida de la que han hecho uso, hasta la fecha, dos estudiantes universitarios, según explicó el director de la Unidad de Igualdad de la UGR, Miguel Lorente, profesor del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física y uno de los mayores expertos internacionales en violencia de género.

Los dos estudiantes, pioneros en hacer uso de esta herramienta, han manifestado su voluntad de ser identificados por su nombre social, el que se corresponde con su identidad, y no con el asignado al nacer. Estas dos peticiones ya han puesto en marcha la 'maquinaria' administrativa y permitirá que el nombre elegido y de uso común aparezca en los trámites relacionados con la Universidad en lugar del nombre legal. Hasta ahora, no se ha dado ninguna petición entre el profesorado y personal investigador (PDI) ni entre la plantilla de administración y servicios (PAS). El total de la comunidad universitaria la componen unas 60.000 personas, de las que la mayoría, unas 46.000, son estudiantes de grado, otras 8.700 cursan másteres o doctorado, más de 3.500 son docentes e investigadores y 2.258 componen la plantilla de administración y servicios.

Esta medida había sido muy aplaudida por asociaciones como la Federación Andaluza Arco Iris, que incidió durante la tramitación del protocolo la dificultad de ejercer el cambio de nombre el determinados documentos, como el DNI. Para estos se exige al menos dos años de tratamiento hormonal y una certificación médica.

"Hay gente que lo ve como una excepcionalidad", indicó Lorente en relación a la medida aprobada por la Universidad de Granada. En este sentido, el experto recordó que el interés de la normativa es "tratar de solucionar un problema" al que se enfrentan las personas transexuales, transgénero e intersexuales.

Esta medida nació como "complemento" del protocolo contra el acoso elaborado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, según recordó en su día la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, Teresa Ortega. Precisamente ahora se cumple el primer año de vida de este protocolo, aprobado en consejo de gobierno el 27 de octubre del pasado año y que se presentó públicamente el 22 de noviembre. A través de esta herramienta se habían tramitado hasta el pasado mes de septiembre medio centenar de casos y uno de ellos había llegado a la vía penal. Lorente confirmó que con motivo del primer aniversario de este protocolo está previsto un primer balance general. El documento -pionero a nivel nacional- sigue su ronda de presentaciones por centros y facultades de la Universidad de Granada y ya ha sido traducido al inglés.