El protocolo contra el acoso de la Universidad de Granada todavía no ha recibido ninguna denuncia desde que se puso en marcha

Cero casos abiertos en dos meses de funcionamiento. Es el balance de las primeras semanas de vida del nuevo Protocolo para la prevención, protección y actuación contra el acoso sexual, el acoso por razones de género u otras conductas contrarias a la libertad sexual y para la eliminación de las violencias sexuales y de género en la Universidad de Granada (UGR). El documento, remozado y que sustituye al anterior protocolo de 2016, fue presentado el pasado 25 de septiembre.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UGR, Mar Venegas, explicó que hasta la fecha "no hemos tenido que activar el nuevo protocolo". El Vicerrectorado sigue con reuniones informativas en las que presenta el protocolo de acoso a decanatos, administradores de centros, direcciones de departamento, direcciones de centros de investigación, agentes de igualdad y delegaciones estudiantiles.

El nuevo protocolo se basa en el análisis de la experiencia adquirida con el anterior, en el que se hablaba de acoso de forma genérica e incluía el laboral. Éste ha pasado a tener su propio marco normativo y a depender de la Delegación del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario.

En cuanto al protocolo contra el acoso sexual en sí, se asume una "política de tolerancia cero", según se expuso en la presentación, hace ahora dos meses, del texto. Se determinó la necesidad de contar con una ventanilla única, agilizar los plazos procedimentales, reforzar la confidencialidad y mejorar el acompañamiento.

En cuanto a la celeridad del proceso, la norma ya vigente desde septiembre establece un periodo máximo de 30 días para la resolución de cada caso desde la Unidad de Igualdad y Diversidad. Además, se trabaja en la prevención, la protección y la actuación, que prevé aplicar medidas "de forma rigurosa". En el caso de que se determine que se está ante la presunta comisión de un delito se prevé derivar el caso a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal "con carácter inmediato". En los últimos dos años y medio, desde que Venegas es vicerrectora, no se ha dado ningún caso de estas características.

Balances anteriores

Hace dos años, en 2023, en la misma fecha señalada del 25 de noviembre, se señaló que en ese año, 2023, se habían atendido 50 casos en la Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA), entidad que desaparece con el nuevo protocolo. Estos 50 casos no son únicamente referidos a presuntas situaciones de acoso sexual, sino que se englobaban otro tipo de acoso (laboral, psicológico, moral o ciberacoso).

En ese mismo año, 2023, el balance del Defensor de la Universidad de Granada no recoge actuaciones relacionadas con casos de acoso. La Universidad de Granada cuenta con unos 56.000 estudiantes en títulos oficiales, además de unas 6.200 personas empleadas. De estos totales, en plantilla hay unas 3.700 mujeres, mientras que en estudios de grado hay unas 30.000 alumnas.

Manifiesto en el Hospital Real

Con motivo del 25N, la Universidad de Granada se sumó, un año más, a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la lectura del manifiesto, en el Hospital Real, se reivindicó el papel de las universidades como "agentes activos en la lucha contra todas las formas de violencia de género". En el mismo manifiesto se recodó que los estudios realizados sobre la materia establecen que el 57% de las mujeres de 16 años o más residentes en España "ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer a lo largo de su vida".

Según los datos señalados en el manifiesto, sin embargo, son pocas las mujeres que denuncian. "De ahí que la violencia de género se considere un problema con forma de iceberg, del que sólo se conoce una pequeña parte que aflora en la superficie", se leyó en el acto de la Universidad, en el que también se alertó del "preocupante descenso en el apoyo al feminismo y a la igualdad de género entre la población joven".

También se reconoció en el mismo manifiesto que "vemos con preocupación cómo las violencias digitales se han expandido y normalizado entre la juventud universitaria".

Sin fondos

También se denunció en el mismo acto que "las universidades públicas andaluzas no reciban fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a las Comunidades Autónomas para luchar contra la violencia de género".