Pese a que el mapa nacional se llenaría de chinchetas que señalan las agresiones a personal sanitario, no existe una tradición muy dilatada en lo que a planes de choque se refiere. Andalucía fue la primera comunidad en España en poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones.

Dentro de las líneas de este Plan existe un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente y la posibilidad de favorecer su traslado a otro centro si también lo solicita.

1.030Medidas de seguridad. En los centros sanitarios entre interfonos, salidas alternativas o cámaras.

El protocolo funciona de esta manera: en el momento en el que se notifica una agresión en un centro sanitario, la Consejería de Salud activa el protocolo de actuación que incluye la asesoría jurídica al profesional agredido por parte de los Servicios Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud. En 2017, dichos letrados realizaron un total de 24 asistencias y se contabilizaron 23 sentencias condenatorias, de las que 5 fueron por delito de atentado.

Otra de las líneas del Plan consiste en dotar a las instalaciones sanitarias con medidas de seguridad que posibiliten un ambiente de confianza para profesionales y usuarios. Los centros sanitarios de Granada cuentan con 1.030 medidas de seguridad entre interfonos, salidas alternativas, videocámaras de vigilancia en espacios abiertos o timbres en consultas.

Los principios básicos de este Plan son la integralidad, coordinación, orientación de servicio a los profesionales, adecuación de infraestructuras y de procedimientos de trabajo, mejora continua y respeto hacia los derechos de los ciudadanos.

De ahí que el Plan recoja tres tipos de medidas para reducir la incidencia y atenuar la intensidad y consecuencias de la agresión: medidas preventivas, dirigidas a dotar a los profesionales de habilidades de comunicación para mejorar la interacción con los pacientes y familiares; acciones contra los agresores (como localización de usuarios agresivos que justifique la decisión de facilitar al personal sanitario un acompañante y denuncia al juzgado) y actuaciones en caso de incidentes dirigidas a establecer de manera explícita como actuar en caso de agresión.