La provincia de Granada registra más de 9.200 accidentes laborales en 2025

La provincia de Granada registró 9.291 accidentes en el año 2025 durante la jornada laboral, según ha constatado la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales en una investigación llevada a cabo en 772 empresas granadinas. El informe refleja que la siniestralidad laboral aumenta en un 2% con respecto al año 2024. Del total de accidentes, 9.150 fueron leves, 127 graves y 14 mortales, el mismo número de fallecimientos laborales registrados en 2024. Del total de siniestros ocurridos en 2025, 1.436 se produjeron durante los desplazamientos al trabajo, conocidos como accidentes in itinere.

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Granada, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha analizado este jueves la investigación llevada a cabo durante el pasado año en diferentes entidades de granada, con el objetivo de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores. Las actuaciones en las distintas empresas granadinas derivaron en 286 expedientes de subsanación, de los que 196 acabaron cerrándose al cumplir los centros de trabajo las recomendaciones de mejora en materia de seguridad laboral, informan en una nota de prensa. Los otros 90 informes fueron derivados a la Inspección de Trabajo por no seguir las instrucciones de los técnicos. Las actividades de las empresas visitadas varían cada año. Entre ellas, destacan aquellas que trabajan en la retirada de amianto, marmolerías, fabricación de productos metálicos, recogida y tratamiento de residuos, asistencia a establecimientos residenciales, reparación e instalación de maquinaria y equipos y centros de trabajo que requieren controles más estrictos por las patologías que pueden desarrollar sus trabajadores si no se adoptan las medidas preventivas pertinentes.

La reunión de este jueves ha estado presidida por el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares. Además, colaboran técnicos especialistas de Empleo y Salud de la Junta de Andalucía, representantes sindicales, organizaciones empresariales y de miembros de la Inspección de Trabajo. Esta comisión trata de analizar cada trimestre la situación de la siniestralidad laboral en la provincia, así como la aplicación y efectividad de las medidas contempladas en la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre las áreas de actuación escrutadas destaca, por su labor preventiva, el de las visitas a empresas realizadas por los técnicos habilitados de Empleo, funcionarios que realizan tareas de asesoramiento y verificación de las condiciones de seguridad y salud de los empleados en los centros de trabajo.

“Las actuaciones de comprobación se programan en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en función de una serie de criterios como la siniestralidad registrada, la peligrosidad de la actividad o el riesgo de exposición a agentes que pueden derivar en enfermedades profesionales”, ha explicado Cañizares. Las actuaciones están enfocadas, según han explicado, en velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, detectar posibles deficiencias y realizar recomendaciones para que la empresa pueda subsanarlas. Tienen de plazo seis meses para aplicar las mejoras recomendadas, si bien, en caso de no hacerlo en el periodo establecido, su expediente es derivado a la Inspección de Trabajo al ser éste el órgano competente para certificar la deficiencia y sancionar si se diese el caso, tal y como ha informado la entidad.

Las funciones de comprobación abarcan tanto las características y estado de las instalaciones, como la maquinaria y herramientas utilizadas. Según la comisión, también se verifica la naturaleza y origen de los agentes físicos, químicos y biológicos, así como los procedimientos de uso, los equipos de protección colectivos e individuales, la realización de reconocimientos médicos y la adaptación ergonómica de los puestos de trabajo. Los técnicos habilitados están autorizados para acceder a las instalaciones, requerir información a los responsables del centro de trabajo y a los empleados, tomar muestras, obtener imágenes y acceder a grabaciones informando previamente a la empresa.

En este sentido, el delegado territorial ha invitado una vez más a los miembros de la comisión “a no bajar la guardia, porque lo que no puede ocurrir es que un trabajador sufra un accidente o le cueste la vida cumplir con sus obligaciones laborales, tanto si es responsabilidad del empleador como si se debe a una imprudencia”. Por ello, en opinión de Cañizares, “hay que seguir trabajando en el ámbito de la concienciación, pues además de los accidentes, existen las enfermedades profesionales, los riesgos tradicionales y los emergentes a los que hay que hacer frente con información, medidas preventivas y divulgación de sus consecuencias”.