El Ayuntamiento de Granada llevará mañana para su aprobación en la Junta de Gobierno Local (JGL) la autorización para la solicitud de subvención al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para el programa de implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte, para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea.

Así lo ha anunciado la concejal de Movilidad del Consistorio de la capital, Raquel Ruz, quien ha indicado que “llevamos una actividad intensa y en un mes hemos podido redactar los proyectos que otros no han hecho en más tiempo, no había nada hecho, solo intenciones manifestadas a la prensa. Hemos trabajado durante todo el verano para sacar adelante este proyecto que traemos para aprobación en la JGL”.

Ruz ha reseñado que “uno de los problemas de Granada es la calidad del aire, y vamos a apostar por mejorarla a través del fomento del transporte púbico, por la movilidad sostenible y que no solo mejorará la calidad del medioambiente, sino también al salud física y mental de la ciudadanía de Granada”.

Para ello, añadió la concejal de Movilidad, “es necesario presentar proyectos como este, un proyecto de casi 15 millones de los que el ministerio financiará más de 10,5 millones de euros”. La edil socialista ha ampliado que “en total, el proyecto tiene un presupuesto de 14.951.918€, había un tope máximo de 45 euros por habitante y hemos llevado el proyecto hasta ese tope para traer a Granada el máximo de inversiones posibles para solventar uno de los principales problemas que tiene la ciudad, que es la calidad del aire”.

“Esta ayuda se estructura en cuatros líneas”, ha explicado Raquel Ruz, “la primera, en la implantación de las zonas de bajas emisiones y todas las actuaciones que llevan emparejadas, como controles de acceso de los vehículos privados al centro de la ciudad; la segunda trata sobre las medidas destinadas a la transformación digital y sostenible del transporte púbico, para que la explotación de los autobuses sea más sostenible; en tercer lugar, la adaptación de la flota hacia autobuses eléctricos y de hidrogeno; y en cuarto lugar, dotar de puntos de recarga eléctricos y de hidrógeno de la flota renovada”.

Uno de los puntos más complicados es el primero, establecer la zona de baja emisiones, que  “es una restricción de la entrada a los barrios históricos, los más perjudicados en la calidad del aire, también por el desarrollo urbanístico que tiene, y solo podrán entrar aquellos vehículos ecológicos o residentes”, para lo que hay “una fase de implantación de un unos círculos concéntricos que tendrán diferentes grados de restricción”.

 En cuanto a los plazos, la viceportavoz del equipo de gobierno ha señalado que “este proyecto se ha podido presentar en esta fecha, aunque tenemos hasta el 30 de septiembre para presentarlo, gracias al esfuerzo de los trabajadores del área de movilidad, que nos ha permitido hacer en poco más de un mes lo que otros no han hecho durante años”. Además, el equipo de gobierno es ambicioso y se ponen de fecha para su implantación total diciembre del 2023, “aunque el plazo podría ser mayor”.

Ruz ha apostillado que “seguimos apostante por la movilidad sostenible, mientras otros apuestan por el vehículo privado.