PSOE e IU denuncian los recortes en atención temprana en el Hospital San Rafael de Granada

PSOE e IU han denunciado este viernes el recorte de plazas en el Centro de Atención Temprana San Rafael de Granada, que según la organización a la que se pregunte, afectará a entre 500 y 900 menores con necesidades especiales. Ambos partidos se han unido a una protesta que ha tenido lugar en la plaza del Carmen, y que ha contado con la presencia de la parlamentaria socialista Mari Ángeles Prieto, y su homóloga de izquierdas Mari Carmen Pérez.

Prieto, quien ha estado secundada por la también parlamentaria Olga Manzano y por el responsable de salud del PSOE granadino, Joan Carles March, ha exigido al presidente de la Junta que “pare” el recorte de plazas en el San Rafael y le ha afeado que, como rey mago que será el próximo 5 de enero, “en vez de regalos les traiga carbón a las y los 500 niños afectados”. Acompañados por familias de afectados y sus hijos, han hecho el acto simbólico de depositar una carta a los Reyes Magos para solicitarle que hagan lo posible para “no perder a los terapeutas" con los que llevan trabajando desde hace meses. Para los socialistas es una “barbaridad” esta decisión de la Junta de Andalucía.

“Se trata de una negligencia importante, el vínculo con el terapeuta es la clave de éxito del avance y del progreso de estos niños y niñas”, ha subrayado la socialista que ha explicado que estos menores tienen “problemas en el neurodesarrollo y necesitan atención temprana durante los primeros años de vida para desarrollar sus máximas capacidades y poder tener una vida digna con posibilidades”. Para ello, la figura de las y los terapeutas es “clave". "No se puede romper el vínculo terapéutico en estas fases tan tempranas", sentencia.

“Recortar 500 plazas para desplazarlas a otro centro es una auténtica chapuza. En San Rafael hacen falta esas 500 plazas y otras más en los centros de la periferia. Las demoras en atención temprana en Andalucía son escandalosas y las y los niños necesitan ser atendidos a tiempo y sin embargo hay listas de espera de meses y de años”, ha censurado. Prieto ha afirmado que la Junta tiene “más dinero que nunca y es absolutamente incomprensible este recorte de plazas que va a afectar de una manera muy importante a estos niños y niñas.

Las familias

Por su parte, Julia Espadas, madre de dos niños autistas del CAIT de San Rafael, ha lamentado que “en estas fechas que deberíamos estar en familia y sin preocupaciones, con los niños jugando y disfrutando, hemos venido a traer una carta a los Reyes Magos para ver si ocurre un milagro esta Navidad”. “Queremos que nuestros niños puedan ser atendidos en San Rafael y no tengan que ser reubicados o los especialistas tengan que ir a otros centros o dejar de trabajar en San Rafael”, ha indicado.

Espadas, que ha destacado la unión de todas las familias para defender este “fin común”, ha apuntado que, ante esta situación, “no se nos ha dado los criterios que se van a llevar a cabo para la elección de los niños y tampoco sabemos si los que se van a quedar en San Rafael van a seguir con los mismos horarios y especialistas”. “Va a afectar a los niños neurotípicos y neurodivergentes porque requieren de mucha rutina. Esto va a suponer que se desregulen y que haya crisis en casa, además de afectar mucho al entorno del colegio porque todos juntos, familias y especialistas del centro, formamos un equipo”, ha remarcado. Bajo su punto de vista, “se rompería todo lo que llevamos trabajando todos estos años juntos. Los niños y sus familias tendríamos que empezar de cero. Algo que ocasiona muchísimo estrés y que rompería un lazo muy grande entre familias y especialistas. Nos gustaría que se nos escuchase”.

"La confianza es fundamental"

"Los niños y niñas con necesidades especiales no son números que puedan moverse de una casilla a otra en una hoja de cálculo. La confianza y el vínculo con sus terapeutas son parte fundamental de su desarrollo y recuperación", señala Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU, haciéndose eco del temor de las familias. Izquierda Unida Granada defiende un modelo público de sanidad que priorice el bienestar de los menores por encima de intereses económicos, oponiéndose a cualquier forma de privatización o desmantelamiento de servicios esenciales, explica.

Ante la gravedad de los hechos, Izquierda Unida ha elevado el conflicto al Parlamento andaluz. La portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, ha registrado formalmente una pregunta con ruego de contestación oral y escrita dirigida al Consejo de Gobierno para exigir explicaciones inmediatas "sobre tres ejes fundamentales: conocer qué criterios objetivos se utilizarán para decidir qué menores serán obligados a abandonar el CAIT San Rafael; conocer las medidas concretas que adoptará la Junta para evitar la ruptura del vínculo terapéutico, pudiendo asegurar que ningún menor pierda sesiones ni vea reducido su tratamiento durante el proceso; por último, exigir que los nuevos CAIT atiendan exclusivamente a las nuevas altas, permitiendo que los menores ya tratados permanezcan en los centros que funcionan adecuadamente, como es el caso de San Rafael".