El PSOE pide que los pisos turísticos ilegales detectados en Granada capital pasen al mercado de alquiler residencial

Una actuación inmediata. Eso es lo que pide el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada a la Junta de Andalucía y al propio Consistorio para "intervenir" sobre las 1.200 viviendas turísticas ilegales detectadas en la capital. Para los socialistas, la alcaldesa Marifrán Carazo y el propio Juanma Moreno lideran una postura de "confrontación y boicot" a las medidas del Gobierno de España de regular el mercado de la vivienda, por lo que exigen que esas viviendas turísticas ilegales "pasen al mercado de alquiler residencial para amortiguar los precios desorbitados que sufren las familias y los jóvenes granadinos".

El viceportavoz del PSOE en la capital, Eduardo Castillo, ha calificado el acceso a la vivienda como el “problema estructural más acuciante” de la ciudad y de la comunidad autónoma. “Granada es una ciudad con carencia de suelo y limitaciones geográficas para crecer. Por eso, el suelo disponible y la vivienda pública deben ponerse al servicio de un alquiler accesible, no de la especulación”, ha aseverado, recordando que el Gobierno de España ha alertado a la Junta de Andalucía de la existencia de 22.000 pisos turísticos en la región (1.200 de ellos en Granada capital) que operan “fuera de cualquier regulación y de la legalidad en plataformas de alquiler turístico”, incumpliendo los requisitos del registro estatal.

“Si el Ayuntamiento y la Junta dejaran de boicotear la Ley de Vivienda y aplicaran la normativa, esos pisos podrían pasar al alquiler residencial habitual”, ha explicado Castillo, quien ha recalcado que la medida serviría para “amortiguar la subida de precios en una ciudad donde ya es casi imposible comprar o alquilar”.

En este sentido, el socialista ha denunciado la “falta de regulación absoluta” y la dejadez de funciones de la administración autonómica y local. “La Junta no solo no hace nada para paliar el problema, sino que permite que se suba el precio de la VPO y no promueve alquiler asequible. Su única respuesta ante los pisos ilegales es decir que el Gobierno de España no es competente, algo que la propia Comisión Europea ha desmentido”, ha apuntado Castillo.

Para concluir, ha alertado sobre las graves consecuencias sociales de esta situación y ha aseverado que “la imposibilidad de acceder a una vivienda no solo genera una gran frustración, sino que desprovee a Granada de todo su talento joven”. “Muchos jóvenes que podrían quedarse en nuestra ciudad, aportando valor y futuro, se ven obligados a marcharse no solo por falta de oportunidades laborales, sino porque no pueden pagar un techo bajo el que vivir”, ha condenado el edil, quien ha reclamado a Carazo y a Moreno Bonilla que “dejen de boicotear medidas que han demostrado ser eficaces en otras comunidades” y pongan los intereses de los granadinos por encima de la confrontación política.