PSOE y Vox coinciden en denunciar el colapso del Centro de Valoración de la Discapacidad de Granada, mientras la Junta defiende su gestión

En un escenario político habitualmente marcado por la confrontación, PSOE y Vox han coincidido esta semana en señalar el mismo problema: el colapso del Centro de Valoración y Orientación (CVO) de Personas con Discapacidad de Granada. Ambas formaciones denuncian que los tiempos de espera para una primera valoración superan ya los tres años y reclaman a la Junta de Andalucía medidas urgentes para desbloquear la situación. Según los datos expuestos por los dos partidos, actualmente se estaría citando a personas que presentaron su solicitud en noviembre de 2022, lo que situaría la demora en torno a los40 meses para quienes no son considerados casos prioritarios.

La parlamentaria andaluza del PSOE, Olga Manzano, ha denunciado a las puertas del centro granadino un “colapso insoportable” que, a su juicio, está vulnerando los derechos de las personas con discapacidad de la provincia. Manzano ha señalado que hay ciudadanos esperando desde 2022 sin respuesta, lo que según ha advertido, les impide acceder a prestaciones y ayudas fundamentales, como adaptaciones de vivienda, bonificaciones fiscales, reducciones del IBI, el bono social eléctrico o determinadas pensiones. También ha alertado del impacto en las revisiones de oficio, cuyo retraso puede provocar la retirada automática de derechos vinculados a la discapacidad, como ayudas farmacéuticas, prestaciones familiares o becas educativas.

La dirigente socialista ha atribuido esta situación a la falta de personal y al “desmantelamiento silencioso” de las plantillas de los equipos de valoración, integrados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. En este sentido, ha criticado una reciente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicada en el BOJA, que, según ha afirmado, suprime más puestos de los que crea. El PSOE reclama un refuerzo estable e inmediato del servicio, con cobertura de vacantes y cumplimiento del plazo máximo legal de seis meses para resolver las valoraciones.

Por su parte, la diputada de VOX y vicepresidenta tercera del Parlamento andaluz, Cristina Jiménez, ha asegurado que el anunciado plan de choque de la Junta no ha logrado mejorar la situación y que, un año después de que su partido denunciara el problema, las listas de espera continúan aumentando.

Jiménez ha calificado el CVO de Granada como un “agujero negro” administrativo y ha puesto el foco en la falta de refuerzo de plantilla, pese al presupuesto global de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que supera los 2.300 millones de euros.

La parlamentaria granadina ha señalado además el caso de un joven de 22 años que llevaba esperando desde 2022 y que, según ha indicado, solo logró obtener cita tras la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz.

En su intervención, Jiménez ha criticado lo que considera una gestión ineficiente por parte del Gobierno andaluz y ha pedido soluciones estructurales que permitan agilizar los procedimientos y garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por ley.

Aunque desde posiciones ideológicas opuestas, PSOE y VOX coinciden en que el retraso acumulado en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Granada está teniendo consecuencias directas en la vida de cientos de familias. La Junta de Andalucía, por el momento, mantiene que se están priorizando los casos urgentes y que trabaja en la reorganización del servicio.

La Junta defiende su reforma estructural

Para responder a las afirmaciones de estos dos partidos, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha defendido este viernes la reforma estructural impulsada por el Gobierno andaluz en este tipo de centros, "una apuesta para resolver demoras históricas y mejorar de manera sostenida la atención a las personas con discapacidad". García ha explicado que la situación de demora en los CVO “viene de lejos” y se vio especialmente agravada por la pandemia de Covid-19, la escasez de médicos a nivel nacional y por la entrada en vigor del nuevo baremo aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales en 2022, que comenzó a aplicarse en abril de 2023.

“La herramienta facilitada a las comunidades autónomas por el Ejecutivo central no era compatible con nuestros sistemas informáticos, lo que nos obligó a realizar una profunda adaptación tecnológica y a formar a los profesionales”, ha señalado. En este contexto, García ha reconocido que aún persisten demoras y ha pedido disculpas a las personas afectadas. “Pedimos disculpas porque somos conscientes de la espera, pero podemos decir con claridad que estamos trabajando desde hace dos años y medio para revertir esta situación”.

Frente a los “parches del pasado”, ha puesto en valor la reforma estructural emprendida por el Gobierno de Juanma Moreno basada en tres pilares: aumento de personal, revisión de los procedimientos y digitalización del sistema. “Es la misma apuesta que hemos hecho en dependencia y que está dando resultados. Nosotros creemos en la gestión para cambiar aquello que se puede mejorar, no miramos para otro lado”, ha resaltado.

En cuanto al refuerzo de personal, ha resaltado que el pasado miércoles se publicó en el BOJA la creación de 15 nuevos puestos y la consolidación de nuevos perfiles profesionales. En cuanto a la revisión de los procedimientos para hacerlos más ágiles y eficientes ha señalado el incremento de las valoraciones no presenciales en aquellos casos en los que no es necesaria la cita física por contar con informes suficientes, y en cuanto a la digitalización ha puesto de relieve la implantación de la app ‘Tu Turno’, que permitirá solicitar cita previa para determinados trámites y, en una siguiente fase, organizar la agenda de los profesionales en función de la demanda real.

Por ello, la secretaria general de Inclusión Social ha exigido a la parlamentaria socialista “rigor”, ya que “lo que ahora exige con tanta vehemencia es precisamente lo que el PSOE no se atrevió a hacer cuando gobernaba”. En esta línea, ha insistido en que las personas con discapacidad “no deben ser utilizadas como arma política” y ha reprochado a Manzano que, en lugar de informarse sobre las medidas adoptadas, “se limite a lanzar acusaciones vacías”. “Si realmente le preocupan las personas con discapacidad, debería conocer que durante esta legislatura se han creado 75 puestos estructurales en los CVO, y no repetir el argumentario sin aportar soluciones”, ha remarcado.