El puzzle judicial del Nevada toma forma

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"Señores, que pasen todos un buen fin de semana". Con estas cordiales palabras, el magistrado del juzgado de lo Penal 3, Antonio Aguilera, se despidió el jueves de la treintena de personas que, entre abogados y acusados, había en la sala que está sirviendo de escenario al considerado por muchos como juicio del año: el del caso Nevada.

La vista, que comenzó el 20 de abril y no concluirá -salvo cambios de última hora- hasta el 27 de mayo, se reanudará el martes en la planta primera del edificio judicial de la Caleta. Por ella, a lo largo de las seis primeras sesiones, han desfilado importantes testigos para la resolución judicial de la causa, pero aún queda mucho por escuchar y decir en un caso de presuntas irregularidades urbanísticas, que en opinión de algunos se está desinflando y en la de otros confirmando.

Sea como fuere, la única impresión que valdrá será la que plasme en su sentencia el juzgador, que tendrá que 'convivir' todavía bastantes horas con las partes de este mediático procedimiento. En sus manos está el futuro de un ansiado centro comercial, cuya demolición pidió en sus conclusiones provisionales el Ministerio Público, representado en este enjuciamiento por el fiscal Valentín Ruiz. ¿Mantendrá la acusación pública los cargos contra los once acusados? ¿Hubo realmente delito urbanístico? ¿Seguirá reclamando el derribo de la construcción? Aún habrá que esperar once sesiones para saber las respuestas.

En lo que va de juicio, se han formulado hasta la saciedad preguntas relacionadas con la rasante, los aparcamientos, las zonas verdes y otros múltiples aspectos técnicos de la construcción. La promotora de Tomás Olivo, General de Galerías Comerciales, a través de sus voces en el proceso, asegura que se ha respetado la legalidad, pero algunos de los testigos que han depuesto no están de acuerdo, como el técnico de Obras Públicas que emitió un informe con "reparos" al proyecto antes de que se aprobase el plan del Nevada, el Plan Parcial del Sector B.

Esta semana desfilarán frente al estrado que preside el juez Aguilera importantes testigos, entre ellos, según adelantaron fuentes de las defensas, funcionarios del Ayuntamiento de Armilla, cuyos testimonios -según las mismas fuentes- serán relevantes a la hora de determinar si hubo o no infidelidad en la custodia de documentos, uno de los delitos que la Fiscalía atribuye al ex alcalde, José Antonio Morales Cara, y el que fuera su edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Prevaricación y contra la ordenación del territorio son los otros ilícitos que se le imputan. En total, ambos se juegan estar inhabilitados para empleo o cargo público los próximos 20 años, así como 730 días de prisión.

Otros testimonios interesantes que se prestarán en los próximos días serán los de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como los de otros especialistas en la materia que vendrán a arrojar luz a un caso que, a juicio del PP -formación política que lo denunció ante la Fiscalía- está haciendo temblar los cimientos de la Junta. ¿Y por qué dicen esto los populares? Porque lo que sí que hasta ahora ha quedado probado en lo que va de juicio es que la Junta de Andalucía no recurrió en los tribunales el plan parcial del Nevada.

Este extremo fue resaltado por Morales y Cañavate en sus declaraciones como acusados, en las que explicaron que se solventaron todas las observaciones -los antes mencionados "reparos"- que hizo la Junta y se dio luz verde a la construcción con la condición expresa de que no se invadieran espacios verdes ni se ocupara suelo no urbanizable. Y suelo no urbanizable no se ha ocupado, según afirmó en la sala el actual arquitecto del Ayuntamiento de Armilla.

La sesión que más muecas, desacuerdo y murmullos generó fue la protagonizada por el abogado municipal, cuyo testimonio, de ser creído totalmente por el juez, podría ser determinante para una eventual condena por la infidelidad en la custodia de documentos. El letrado aseguró que trabajó en dos informes para el Nevada: uno sobre el plan parcial, que le dijeron que no acabara porque se iba a solicitar un informe externo, y otro desfavorable a la concesión de la licencia que, según él, llegó a aportar al expediente municipal, del que supuestamente luego desapareció, pues no estaba en su interior cuando el 30 de septiembre de 2005 se aprobó otorgar la licencia. Dos días antes, el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo dijeron que nunca existió el informe "fantasma" del letrado municipal.

También aseguró el letrado que recibió "presiones" para que cambiara su criterio negativo, provocando en el banquillo gestos de desaprobación.

Lo cierto es que, salvo los momentos de tensión propios de un juicio de esta envergadura, el ambiente en la sala se ha ido relajando paulatinamente. Los nombres y rostros de los abogados comienzan a ser familiares para los asistentes, entre los que se ha reducido el número de periodistas. De vez en cuando se produce algún comentario que suscita sonrisas, como cuando el abogado acusado, Francisco Mejía, siendo interrogado, se giró hacia a Olivo y le recordó que aún no había cobrado el informe que le ha llevado al banquillo.

Por cierto, por fin el enorme monitor que se había colocado en mitad de sala, de cara al estrado, se ha reubicado en una esquina, de modo que ahora todo el mundo puede ver los planos de la edificación cuando se solicita alguna aclaración sobre ellos.

En definitiva, el puzzle judicial del caso Nevada ya está tomando forma, y como siempre hay piezas que encajan y otras no. Será su señoría quien tendrá que ponerlas en su sitio o quitarlas. Mientras, las obras en el edificio siguen parado (los trabajos de seguridad ya han concluido) y, algunas mañanas, en la calles de Armilla, aparece alguna octavilla pidiendo su apertura por los cientos de puestos de trabajo que se crearán.

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