Reclama más de 100.000 euros de indemnización a la Junta por ser tiroteada con balines cuando iba a entregar una notificación judicial en Granada
El suceso, ocurrido en 2022, motivó la movilización de funcionarios de Justicia que reclamaron más seguridad
La grotesca pintada que ha aparecido en la Puerta de los Siete Suelos de la Alhambra

Una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones de Granada sufrió el pasado 10 de febrero de 2022 una brutal agresión. Un individuo, al que la funcionaria debía entregar una notificación, la cogió de un brazo, sacó una pistola de gas comprimido apta para disparar balines y, a apenas unos centímetros de la mujer, comenzó a disparar. Apuntó a la cara y a la cabeza de la funcionaria, que recibió varios impactos en el rostro y el cuello. También resultó herida en la mano izquierda.
Ella salió corriendo y fue auxiliada por varios viandantes. La funcionaria inició un procedimiento de reclamación de indemnización a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Pedía 102.000 euros en un procedimiento sobre el que se ha pronunciado el Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Granada. El dictamen del Consultivo rechaza indemnizar a la víctima ya que considera que el daño sufrido no se puede atribuir a la Administración.
Para el Consultivo, que recuerda el posicionamiento del Consejo de Estado, para que haya una responsabilidad patrimonial de la Administración no basta el hecho de que el daño se haya producido en acto de servicio o con el carácter de enfermedad o accidente profesional.
Para declarar la responsabilidad, añade el dictamen, es preciso que haya otros requisitos, y en concreto que se pueda imputar el hecho que provocó el daño a la Administración. "En el presente caso, la parte reclamante entiende que fue agredida en acto de servicio y por ello, sin más, existe responsabilidad patrimonial de la Administración", recoge el texto del Consultivo.
"Sin embargo, no acredita que haya existido incumplimiento alguno por parte de la Administración. En cualquier caso, el daño no se produjo por la actividad o inactividad de la Administración contra la que se reclama, sino por la agresión de un tercero que fue condenado en vía penal", subraya el dictamen.
El mismo texto recoge que existe un protocolo marco del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así, esas comunicaciones se realizan sin acompañamiento de fuerza pública, salvo cuando se prevé que puede haber un riesgo para la integridad de los funcionarios. Esa previsión "resulta difícil", asegura el dictamen, "al ser una notificación que no se presume que pueda derivar en actuaciones violentas". Sin embargo, el Consultivo admite que el hecho sufrido por la funcionaria "y otros posteriores" aconsejan "adoptar soluciones de protección a los funcionarios que han de realizar su trabajo a diario en la zona conflictiva".
Con todo, se apunta desde el Consultivo que "la reclamante no ha demostrado un funcionamiento anormal del servicio público, ni el concreto incumplimiento de medidas de seguridad y salud laborales", por lo que se desestima la reclamación interpuesta por la mujer.
"Resulta evidente, por un lado, que el daño fue provocado por la actividad de una tercera persona ajena a la organización administrativa; por otro, que el servicio público no ha generado el riesgo del que ha derivado el daño, sino que ha sido esa actuación de ese tercero, ajeno por completo al servicio, la que ha provocado el daño", continúa el dictamen, que insiste en que "puede concluirse que no existe relación de causalidad".
"Debe subrayarse que el daño no aconteció por insuficiencia de medidas de seguridad, pues es imposible que éstas, cualquiera que sea su entidad, puedan impedir la agresión puntual de una persona a otra", subraya el mismo órgano, que puntualiza que la notificación -sobre un proceso civil- "en principio no debía generar ningún tipo de conflicto", por lo que la agresión "resultaba imprevisible".
Aquella agresión, la sufrida por la funcionaria, motivó en febrero de 2022 la movilización de la junta de personal de la Administración de Justicia en Granada. De esta manera se expresó la protesta por los hechos, en apoyo de la víctima y para exigir medidas preventivas para evitar situaciones similares en el futuro.
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