Por mucho que desde los sectores más críticos se asegure que los ajustes en la administración autonómica -que incluye una subida de los impuestos- afectarán a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, las principales víctimas del Plan de Económico y Financiero de la Junta de Andalucía son los empleados públicos, que sufrirán de forma inmediata un recorte sustancial de su sueldo que va desde el 0 al 6% en el caso de los funcionarios y que llega al 15% para los interinos y el personal laboral. Lo que, en algunos casos, puede poner muchas piedras en el camino para llegar a fin de mes.

En Granada, según los cálculos del CSI.F, habrá más de 31.300 afectados. Según los datos del sindicato, de esos 31.000 empleados públicos, alrededor de 7.000 desempeñan su cargo en la Administración General de la Junta; unos 12.000 lo hacen en el sector educativo; otros 12.000 lo hacen e la Sanidad; y casi 1.200 trabajan en la administración de Justicia.

La presidenta del CSI.F en Granada, Mercedes Casares, asegura que las medidas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para conseguir el objetivo del déficit del 1,5% en 2012 "afectarán a todos los trabajadores de la Junta, aunque lo hagan en cada caso de manera distinta". Porque la peor parte se la llevarán los 4.000 funcionarios interinos y los 3.500 trabajadores que forman parte del personal laboral de la Junta, que verán cómo el plan de ajuste le pega un 'bocado' a su jornada laboral, y por tanto a su salario, del 15%.

Lo peor es que no es la primera vez que los funcionarios se convierten en el centro de los recortes. Una de las primeras medidas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando quiso hacer frente a la crisis fue reducir un 5% el salario de los funcionarios, que ha permanecido congelado hasta que los sueldos de los empleados públicos se han puesto en el punto de mira de los políticos andaluces. "Desde 2010 hemos perdido un 21% de poder adquisitivo. Estamos siendo el centro de todos los recortes, de las congelaciones salariales, de la subida del IRPF... Ya está bien. Ya hemos pagado el diezmo", denunció Mercedes Casares, que anunció que el próximo lunes los delegados sindicales del CSI.F protagonizarán una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta para rechazar un plan que, además, "se ha llevado a cabo sin ninguna negociación previa". No es la única movilización prevista. Desde el sindicato organizarán asambleas informativas en todos los centros de trabajo y el próximo 29 de mayo celebrarán una "gran concentración" de trabajadores públicos para decir no al plan de ajuste. "Además, no descartamos ninguna otra movilización".

Por su parte, la presidenta provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía del CSI.F, Maite Merlo, coincidió con Casares en que esta nueva medida deja tiritando las cuentas de la mayoría de los empleados públicos granadinos. "Este plan va a tener un gran impacto en los trabajadores públicos, sobre todo en los mileuristas, en los interinos y el personal laboral. Si ya gastábamos poco desde la última rebaja, ahora vamos a gastar lo imprescindible para comer. Ya casi ni llegábamos a fin de mes, pero después de esto no nos va a llegar ni para pagar los gastos comprometidos".

Esta situación, además, tendrá graves consecuencias en el conjunto de la sociedad. "Va a repercutir en el comercio, en la hostelería y en todo el tejido productivo granadino", explicó Maite Merlo. "Un recorte para los empleados públicos es un recorte para el conjunto de los ciudadanos", añadió Mercedes Casares.

Desde CSI.F aseguran que había otras opciones posibles, pero que la Junta de Andalucía ha decidido recurrir a lo "fácil". La presidenta del sindicato se preguntaba ayer "por qué no han controlado el gasto eliminando asesores, puestos de confianza" o parte de la administración paralela de Andalucía.