La recuperación de la 'extra' beneficiará a más de 28.000 funcionarios granadinos

En febrero de 2016, tres años y medio después de que los funcionarios se quedaran sin la paga extra de diciembre por un Real Decreto que vino a consolidar el 'expolio' económico a los trabajadores de la administración, los 28.000 empleados que trabajan para la Junta de Andalucía en Granada recuperarán el 25% de ese salario extraordinario que perdieron por la crisis y las medidas de austeridad.

El Gobierno andaluz anunció ayer que el próximo mes de febrero devolverá la retribución correspondiente a los 44 días que los funcionarios devengaron de ese salario extraordinario de Navidad antes de que fuera eliminado -el Real Decreto impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy entró en vigor el 14 de julio y se aplicó de forma retroactiva desde el mes de junio-, algo que ya han hecho el Gobierno central, la mayoría de las comunidades autónomas, y la Universidad de Granada.

Con esa devolución, que va desde los 250 hasta los 800 euros, se restituye parte de lo arrebatado a los funcionarios públicos desde que comenzó la crisis. Pero no todo. Basta con decir que la de este pasado mes de junio fue la primera paga extra completa que han cobrado los funcionarios granadinos y andaluces desde junio de 2012. A la eliminación de la extra de Navidad -que sufrieron todos los funcionarios españoles-, le siguió en 2013 y 2014 la supresión de la paga adicional correspondiente a la Junta de Andalucía, que incluye los complementos específicos, los complementos de antigüedad y los de cargo. Así que desde junio de 2012 hasta junio de 2015, los empleados públicos no habían visto reflejada en sus nóminas una paga extra completa.

Completa, sí, pero no doble. Es decir, que aunque los funcionarios ya cobren en la extra su sueldo base y todos sus complementos, no ven duplicados sus ingresos en las nóminas de junio y diciembre, como sí hacen la mayoría de los trabajadores. ¿El motivo? Los efectos de la reducción salarial que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso en el año 2010. Aunque aquella medida -que levantó ampollas y generó algunas de las movilizaciones sociales más contundentes de los últimos años- ya parece muy lejana, el sindicato CCOO de Granada recuerda que sus efectos son permanentes. Mientras no sea restituida de forma expresa, la rebaja salarial del 5,7% y el 7,4% de las retribuciones de los funcionarios sigue vigente, y no se aplica únicamente al salario anual, sino también a las pagas extras. El prorrateo de esa rebaja salarial durante los seis meses que generan cada paga extra da como resultado que el sueldo base de ese salario adicional sea entre un 32,8 y un 46,3% inferior al sueldo normal. Así en el camino de la crisis los funcionarios también se han dejado en el camino una reivindicación, la de las pagas dobles, de más de 30 años.

A estas alturas de la austeridad, los trabajadores de la administración pública han perdido al menos un 25% de su poder adquisitivo, entre bajadas de salarios, congelaciones, eliminaciones de pagas extras y pérdida de la paga adicional. Según la información facilitada por CCOO, a la rebaja cuantificada de los sueldos impuesta por Rajoy se le suma la pérdida puntual de la extra de Navidad (de entre el 5,9 y el 6,3%); y a de los años 2013 y 2014 por la falta de las pagas adicionales de la Junta de Andalucía (de entre un 3,7 y un 4,7%). A todos estos recortes, apunta el secretario general de CCOO Enseñanza de Granada, Diego Molina, otra pérdida del 6,9% del poder adquisitivo correspondiente a las variaciones del IPC desde el año 2010, lo que da una idea de la precaria situación en la que se encuentran los funcionarios granadinos.

Desde el sindicato señalan que la situación del funcionariado no es ni mucho menos una cuestión que sólo afecte a este colectivo. Y menos en una ciudad como Granada. Según el último Boletín del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, la provincia cuenta con un cuerpo de trabajadores públicos formado por 57.624 personas (8.139 de la administración central; 28.663 de la Junta de Andalucía; 15.521 de los ayuntamientos; y 5.301 de la Universidad). Los vaivenes económicos de un colectivo tan numeroso no sólo afecta a las cuentas familiares de cada uno de los trabajadores públicos, sino que supone un varapalo para el consumo y, por tanto, para el conjunto de la economía provincial.