Una de las mayores necesidades de la zona Norte y de otros rincones de la provincia es un control efectivo del parque público de vivienda. En los últimos años Granada ha visto como particulares se traspasaban estos pisos protegidos sin contar con la Junta de Andalucía que debe mediar para asignarlos a las familias que de verdad lo necesitan. También ha habido situaciones de ocupación para el cultivo de cannabis.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía activó un refuerzo de la acción de control sobre las 4.132 viviendas que conforman el parque público residencial en alquiler que ya ha dado sus primeros frutos: Durante 2017, se abrieron 62 expedientes para recuperar las viviendas ocupadas de forma irregular en la provincia. Buena parte de estos expedientes han sido ya resueltos y han propiciado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), titular de estos inmuebles, recuperar 26 viviendas para entregarlas a familias con necesidades que, cumpliendo los requisitos establecidos, han respetado la normativa en materia de adjudicación de vivienda pública y están inscritas en los registros municipales de demandantes de vivienda. Sobre los 36 restantes se sigue trabajando para recuperarlas.

Más de 200 familias firmaron un contrato para disfrutar de uno de los pisos en 2017

Los 62 expedientes tramitados en 2017 mejoran notablemente los resultados de los dos ejercicios anteriores, en los que se abrieron 24 y 20 expedientes, respectivamente. "Estas acciones de control responden al refuerzo de la acción de verificación, que además de actualizar la información sobre quienes residen en cada vivienda, nos permite hacer un seguimiento de las condiciones socioeconómicas de esas familias y de sus necesidades para atenderlas adecuadamente", explica el delegado de Fomento, José Antonio Martín quien asegura que se va a intensificar esta línea de trabajo.

A la acción contra la ocupación irregular, AVRA suma otras actuaciones para regularizar la tenencia de vivienda pública en alquiler, como las subrogaciones y los cambios de titularidad. La tarea de regularizar la tenencia de viviendas públicas permitió el pasado año firmar 208 contratos de alquiler con familias que demandaban vivienda protegida en alquiler o estaban en ellas en situación irregular.

Las subrogaciones se aplican a viviendas que tras el fallecimiento del titular, son demandadas para sí por familiares. Para acceder a ellas, deben cumplir los requisitos que establece la normativa. Los expedientes de cambio de titularidad se realizan sobre viviendas de compra venta con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad y benefician a los herederos de los titulares.