Municipal

Dos relatores de la ONU estudian ya el problema de los cortes de luz en Granada

  • El expediente se abre tras la comunicación del Defensor de la Ciudadanía sobre la falta de solución

  • La pandemia impedirá por ahora una visita física pero se actuará por comunicación

Dos relatores de la ONU estudian ya el problema de los cortes de luz en Granada Dos relatores de la ONU estudian ya el problema de los cortes de luz en Granada

Dos relatores de la ONU estudian ya el problema de los cortes de luz en Granada / G. H.

El problema de los cortes de luz que sufren desde hace años vecinos de la zona Norte de Granada y que todavía no tienen solución definitiva ya está encima de la mesa de los despachos de la ONU y en estudio. La Organización de Naciones Unidas ha admitido a trámite el análisis de la situación de los vecinos de esta zona de la capital y lo ha remitido a dos relatores para elaborar un expediente que determine si hay dejación en la actuación institucional y si se vulneran los derechos humanos.

Fue en septiembre cuando el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, el ‘consuelo’ de los vecinos en este asunto y al que transmiten diariamente su situación y los continuos cortes y situaciones sociales inhumanas, decidió dirigirse por escrito a la ONU para pedir que mandara un relator especial a la zona que viera in situ la situación ante la falta de soluciones que ha llevado a cronificar el problema, que ya es una emergencia social en la capital.

Y ya ha recibido respuesta. Y ha sido afirmativa. La ONU informa a Martín que “me es grato informarle que la petición ha sido admitida a trámite y transmitida al Relator Especial sobre el derecho a la vivienda adecuada, Sr. Balakrishnan Rajagopal, y al Relator Especial sobre derechos humanos y pobreza extrema, Sr. Olivier De Schutter”.

Así, se ha decidido por estos dos relatores para estudiar la situación en estas dos vertientes: el derecho a la vivienda adecuada y los propios derechos humanos en casos de pobreza extrema. Pero todavía no podrán venir a Granada. Según la respuesta recibida por el Defensor, “debido a las limitaciones vinculadas a la pandemia, no es posible contemplar actualmente una visita oficial de los Relatores Especiales a España o a Granada”. Pero eso no afectará al estudio del caso. Aunque la visita se posponga al momento en el que puedan viajar, se va a estudiar en despacho y de hecho, por su gravedad, lleva a la ONU a afirmar que “la situación planteada podría ser abordada en el marco del procedimiento de las comunicaciones”.

¿Y en qué consiste este procedimiento? Las comunicaciones son cartas enviadas por los Procedimientos Especiales a los gobiernos y otros, como organizaciones intergubernamentales, empresas, empresas militares o de seguridad. En las cartas los expertos informan sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos que han recibido y solicitan aclaraciones sobre ellas. En caso necesario, los expertos solicitan a las autoridades competentes que tomen medidas para prevenir o detener la violación, investigarla, llevar ante la justicia a los responsables y asegurarse de que las víctimas o sus familias dispongan de recursos.

El propósito de las comunicaciones es llamar la atención de los gobiernos y otros sobre presuntas violaciones de derechos humanos; pedir que se eviten, detengan, investiguen las violaciones o que se tomen medidas correctivas; e informar al Consejo de Derechos Humanos. Y suelen abordar denuncias de violación de derechos humanos de personas, un grupo o comunidad.

Por eso, para armar el expediente completo, se ha pedido al Defensor más información sobre “la situación habitacional” de los vecinos de la zona norte, los “antecedentes” y las “condiciones de vida” de las personas, incluyendo todo tipo de informes realizados por el propio Defensor u otros organismos o asociaciones. También se pide que se especifique “en qué medida las políticas públicas o las prácticas administrativas han violado el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos los derechos a la vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y el saneamiento; el principio de igualdad y no discriminación y otros derechos económicos, sociales y culturales, a causa, entre otros, de la falta de adopción, por parte de las autoridades públicas, de medidas apropiadas encaminadas a garantizar y realizar estos derechos”.

El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, ha mostrado su "satisfacción" por este hecho ya que abrir el expediente y admitirlo a trámite supone un estudio de una realidad que lejos de solucionarse sigue causando problemas vitales y sociales en la zona Norte. Martín espera que la ONU sea “parte de la solución” de una realidad que no termina de tener una hoja de ruta unánime entre las administraciones (Gobierno, Junta y Ayuntamiento) y empresa (Endesa) y que sigue dejando diariamente sin luz a vecinos que pagan sus facturas.

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