El auto de libertad provisional que Juana Rivas se llevó el martes del Juzgado de guardia, unido al parón de los tribunales en agosto -salvo para cuestiones urgentes-, es un respiro legal para la madre de Maracena que trata de evitar la entrega de sus dos hijos al padre, condenado por lesiones en el ámbito doméstico. Pero solo es eso, provisional.

Las partes implicadas en este embrollado asunto judicial estaban ayer de algún modo replegadas, estudiando sus opciones y sus próximos pasos a partir de este momento, lo que ha dado a Juana Rivas un cierto margen de tranquilidad después de haber permanecido en situación de clandestinidad durante 27 días.

Ella es ahora libre de moverse por donde quiera hasta que el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que lleva la causa penal contra ella por supuesta sustracción de menores tome conocimiento formal de la aparición de Juana ante el juez de guardia el martes y de los posibles recursos que puedan presentar el resto de partes implicadas contra esta decisión.

Los que sí se encuentran en una situación más delicada son los hijos de esta vecina de Maracena, que no quiso decir dónde se hallaban, salvo un genérico "me voy a casa con mis niños". Hay vigente una orden de entrega de los menores al padre, dictada por la jueza de Primera Instancia en julio pasado, de modo que las fuerzas de seguridad del Estado podrían entregarlos al padre en cualquier momento en que sean localizados.

Pero no hay orden judicial de entrada y registro del domicilio, de modo que la Guardia Civil se encuentra limitada para actuar con todas las consecuencias. Portavoces de este cuerpo de seguridad aseguraron ayer a Efe que a las pocas horas de la salida de Juana Rivas en libertad, se personaron en el domicilio de Maracena para preguntar por los niños, pero sin resultados en la gestión.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explicaron a este periódico que el mes de agosto no es hábil para los asuntos que se tramitan en el Juzgado de Familia. En este caso se hizo una excepción para resolver el asunto de las medidas excepcionales pedidas por el padre para la protección de sus hijos. Pero esta cuestión ya fue resuelta por la jueza el martes, mediante un auto en el que aceptó algunas peticiones que limitaban la libertad de movimientos de Juana Rivas, con la retirada de pasaportes y la orden de no salir de territorio Schengen. Descartó otras medidas como la suspensión de la patria potestad de la madre o una orden de detención contra ella.

Una vez resuelto esto, en el ámbito civil todo queda en suspenso hasta septiembre, cuando el padre de los niños, Francisco Arcuri, podría volver a formular nuevas peticiones para que se haga efectiva la orden de entrega de los niños.

En el ámbito penal, el asunto parece estar más abierto a distintas posibilidades. En primer lugar están los recursos al auto de libertad provisional que puedan presentar en el plazo de 3 días las partes. Tanto la Fiscalía como el abogado de Arcuri (que no estuvo presente en la declaración) afirmaron ayer que estaban en proceso de valoración. De otro lado, la jueza de Instrucción 2 (órgano que tenía estas diligencias en situación de archivo provisional a la espera de la localización de Juana Rivas), podría adoptar medidas específicas a las vista de la nueva situación, con la madre localizada y en libertad provisional.

Hay que tener en cuenta que Rivas no ha revelado al Juzgado el paradero de sus hijos y menos aún los ha entregado al padre, hecho que motivó especialmente la petición de prisión sin fianza por parte de la Fiscalía Provincial, porque que esto vendría a mantener la comisión del supuesto delito de desobediencia a la justicia, según fuentes de la Fiscalía.

Pero el juez de guardia, al que Juana agradeció públicamente haberla escuchado, analizó en su auto esa petición de prisión preventiva de la Fiscalía, que finalmente rechazó el magistrado, al considerar, entre otras cosas, que así sorteaba la "tentación" de adoptar una medida de esa "gravedad y trascendencia" "por mor de consideraciones ejemplarificantes o de anacrónica alarma social", lo que suponía una crítica hacia los criterios de la Fiscalía Provincial.

También esgrimía el juez entre sus argumentos que Juana Rivas carece de antecedentes penales o policiales desfavorables y tiene un "notorio arraigo en su localidad de naturaleza", de modo que no aprecia "riesgo de fuga".

El mismo día, otro auto judicial, el de la titular de Primera Instancia 3 (la magistrada que ordenó entregar a los niños), accedió a ordenar la retirada de los pasaportes al apreciar riesgo de fuga por parte de la madre. El juez de guardia que tomó declaración a Juana Rivas apreció justo lo contrario, aunque es verdad que la jueza de Familia no contaba con la información oficial de la entrega de Juana Rivas a la hora de dictar su resolución. En ese momento solo tenía constancia de su desaparición desde el 26 de julio pasado.