El fiscal retira los cargos a todos los acusados del accidente de la A-7

Los sindicatos UGT y CCOO quitan las imputaciones por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, aunque mantienen responsabilidades por delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores

Nacho Martín / Motril

28 de febrero 2012 - 01:00

La Fiscalía de Granada ha retirado en las calificaciones los cargos que mantenía contra los once acusados que se sientan en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Motril por el accidente ocurrido en el viaducto del Río Verde hace 6 años en Almuñécar, que costó la vida a seis trabajadores y lesiones a otros cinco.

El Ministerio Fiscal pidió en principio penas de hasta cuatro años de cárcel para los once acusados, por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes. Además de la pena de prisión, solicitó inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.

También las acusaciones populares ejercitadas por los sindicatos UGT y CCOO, tal y como anunció hace semanas el secretario general de la Federación del Metal, Construcción, y Afines de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, retiraron las imputaciones por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes para todos los imputados.

Así ambos sindicatos retiraron todos los cargos contra el encargado y el capataz de estructuras de Estructuras y Montajes, Manuel Castro Mosquera y José Manuel Otero Cores.

UGT además retira las imputaciones al gerente de la UTE La Herradura, José Manuel Fernández Torres, y al jefe de obra de la UTE, José Alejandro Serrano Cabrera.

Para el resto de los procesados UGT mantiene la acusación por la comisión de un delito contra la seguridad de los trabajadores recogido en el artículo 316 del código penal, al entender a su juicio que se cometió por imprudencia grave del artículo 317, aunque solicita que se imponga la pena inferior en grado.

Las penas solicitadas por UGT son de seis meses de prisión y multa de cuatro meses con cuantía diaria de 40 euros para el coordinador de Seguridad y Salud designado por el Ministerio de Fomento, Juan Mena Delfa; 5 meses y multa de 6 meses con cuantía diaria de 100 euros para el administrador único y representante legal de Estructuras y Montajes de Prefabricados SL, Constantino Seara Seara, y el representante legal de Puentes y Calzadas, Juan María Loureda Mantiñán; y tres meses de prisión y multa para el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Estructuras, José Luis Reyero Hernández, y el jefe de obra, Enrique Carlos Torrente Martínez. Para la técnico de Seguridad y Salud de la UTE La Herradura, Ana Isabel De Diego Peralvo, el sindicato solicita una pena de cuatro meses de prisión y multa de 3 meses con cuantía diaria de 30 euros.

CCOO por su parte, retiró ayer todas las imputaciones contra el representante legal de Puentes y Calzadas, Juan María Loureda Mantiñán, pero mantiene el delito contra la seguridad y salud del artículo 316 del Código Penal. Además, en su escrito el sindicato entiende que se ha incumplido "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y "en el manual de operaciones en cuanto anexos al Plan de Seguridad, en lo relativo al uso de la llave dinamométrica, relativo a las revisiones de las soldaduras y apriete de los tornillos, así como la utilización de la grúa en operaciones no recogidas en la documentación sobre utilización de la cimbra: manual de operaciones".

Por ello, piden penas de dos años y seis meses de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de 40 euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago para el director del proyecto de la obra, Pablo Jiménez, Juan Mena, José Manuel Fernández Torres, José Alejandro Serrano Cabrera, Ana Isabel De Diego Peralvo, Constantino Seara Seara, Enrique Carlos Torrente Martínez y José Luis Reyero Hernández.

Con carácter alternativo o subsidiario, en el caso de que no se apreciara la intencionalidad del artículo 316, CCOO solicita penas de multa de cinco meses a razón de 40 euros diarios, por negligencia tipificada en el artículo 317.

Por su parte, los abogados de la defensa mantuvieron su petición de libre absolución para sus representados en este juicio, que podrá quedar visto para sentencia el próximo miércoles con la presentación de los informes finales.

stats