Las revisiones de los grados de Dependencia en Granada acumulan casi tres años de retraso

Granada/La situación de la Dependencia en Andalucía es tan grave que ya se puede hablar de sistema colapsado. Una situación de la que no se escapa Granada, que ve como es uno de los territorios andaluces con más personas en las listas de espera para las valoraciones. Esta problemática también es patente en las revisiones del grado de Dependencia que realiza el Servicio de Valoración Provincial, las cuales acumulan un retraso de casi tres años a la hora de reevaluar la situación de las personas con esta condición ya concedida.

Según una carta enviada por el jefe de servicio de valoración de la Dependencia en Granada a la familia de una mujer dependiente que solicitó una revisión de grado hace dos años y tres meses, a la que ha tenido acceso este periódico, la delegación provincial se encuentra valorando "las solicitudes de revisión de grado formuladas en el segundo trimestre de 2022". Este escrito da contestación a una solicitud de información cursada por la familia que pedía conocer el por qué del retraso en la revisión del grado de dependencia de esta mujer.

En el escrito, se justifica el retraso asegurando que la solicitud de esta familia se está tramitando por la vía ordinaria. En estos casos, el procedimiento de revisión de grado en materia de dependencia "se tramita y se resuelve guardando el orden riguroso de incoación", o lo que es lo mismo, los casos se van resolviendo por orden de llegada. En caso de que la tramitación sea "de urgencia", esta sí se revisa de forma prioritaria, aunque solo si estos casos son considerados "de extrema gravedad por su excepcionalidad y siempre que sean acreditados documentalmente". Se trata de un criterio subjetivo que las familias consideran como un resquicio para dar prioridad a unos expedientes sobre otros.

La familia solicitó en octubre de 2022 que se revisara el grado de dependencia de esta mujer, que ya tenía concedida un grado de dependencia, argumentando que su situación había empeorado gravemente. Sin embargo, tras más de dos años de espera, deciden interponer un escrito al Servicio de Valoración de la Dependencia en Granada, situado en el Edificio Administrativo Almanjáyar de la Junta en Granada, en la Avenida Joaquina Eguaras, preguntando por la tardanza. En el escrito de respuesta, firmado por Ortiz, se confirma que el retraso es de más de dos años y nueve meses.

Sistema colapsado

Más de 15.500 personas se encuentran en las listas de espera de la Dependencia en Granada, la cifra más alta de Andalucía. Dentro de este cómputo, hay que distinguir aquellas que están aún a la espera de la resolución de su grado de dependencia, que en Granada son más de 7.000, y aquellas personas que, teniendo ya reconocido ese derecho, aún no se ha hecho efectiva su prestación o se está revisando su situación. Así se encuentran más de 8.400 granadinos. A nivel autonómico, Andalucía tiene más de 75.500 personas esperando en la lista de Dependencia, de las cuales la provincia de Granada representa una cuarta parte del total.

Mientras la Ley de Dependencia estipula un máximo de 180 días (seis meses) para resolver cada solicitud, la demora media en la comunidad andaluza se sitúa en los 603 días, un retraso aún mayor en Granada en vista de la carta remitida a este periódico, que la Junta achaca "a su cambio de modelo que pretende agilizar los tiempos y a la infra financiación". En cualquier caso, dos años de espera, si no más, hacen que muchos de los solicitantes fallezcan antes de recibir la ayuda. La evaluación de los dependientes es un proceso muy complejo desde el punto de vista burocrático, lo que se traduce en que, según ha podido saber este diario, los técnicos de la Junta realizan una media de 1,8 evaluaciones al día, lo que no contribuye a resolver el colapso actual.

Hay que explicar que desde que una persona solicita la Dependencia hasta que la recibe pasa por un proceso de distintas fases. En primer lugar, se le hace una valoración para ver si se le concede o no la asistencia, después, en caso de que se les reconozca un grado de dependencia, se elabora un Plan Individual de Atención (PIA) con el que se fija el tipo de prestación que recibirá (económica, ayuda a domicilio, teleasistencia o residencia, entre otras) y, por último, se tiene que hacer efectiva esa ayuda. En los casos de reevaluación, directamente se revisa si hay PIA o no, y se actualizan o se fijan.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, aseguraba el pasado 3 de marzo que la provincia de Granada registra, a cierre del año 2024, un total de 63.223 prestaciones de dependencia, con las que son atendidas 40.265 personas beneficiarias. Las prestaciones concedidas en la provincia han aumentado en 791 con respecto al cierre de diciembre de 2023. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha incorporado en Granada durante el pasado año un total de 4.308 nuevas personas beneficiarias en la provincia que se han dado de alta en el sistema, con un total de 9.270 nuevas prestaciones. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, más de 25.000 personas son atendidas a través de este servicio en la provincia.

Mientras Granados lanzaba estos datos, la parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano urgía a la Junta una solución para acabar con la "desesperante" lista de espera de la dependencia en la zona Norte de la provincia de Granada, especialmente en la comarca de Huéscar, donde los tiempos de espera son "inhumanos", recordando que "si los datos del pasado mes de enero son insoportables, con 597 días para recibir una prestación, 263 días más que la media de todo el país; peores son en el mencionado territorio".

Cambio de modelo informático y ceses

La Consejería de Igualdad confirmaba el pasado mes de octubre que había puesto en marcha un nuevo programa informático con el que pretendía reducir los trámites y agilizar la valoración de los dependientes, unificando todos los procedimientos en un único acto administrativo. El objetivo era que cada técnico pueda realizar una media de tres valoraciones al día, más de los 1,8 que se hacen actualmente, y que la visita a los solicitantes se realice sólo una vez para evaluar si tiene derecho a acogerse a la Ley de Dependencia y el grado de dependencia que se le reconoce en cada caso. Sin embargo, tras tres meses de ese cambio, parece que la situación no ha mejorado.

La consejera de Igualdad, Loles López, explicaba en el Parlamento en octubre que los funcionarios están realizando un trabajo extra, ya que están implantando el nuevo modelo informático, con las dificultades que eso conlleva, y que deben seguir tramitando los expedientes con el procedimiento vigente hasta la fecha. Un procedimiento que, según la consejera, consta de tres aplicaciones informáticas diferentes “que no estaban conectadas entre sí por lo que había que grabar los datos de la persona solicitante todas las veces. Y si había algún error o faltaba alguna letra, esa persona se iba al limbo”.

"Sé que voy a mover un avispero cambiando lo que se lleva haciendo 17 años, pero la que se acuesta con su conciencia por la noche soy yo. Tenía que elegir entre cifras o personas, y he elegido las personas”, aseguró entonces López en el Parlamento.

Esta es la versión de la consejería. La de los sindicatos es otra completamente distinta, ya que denuncian “meses de caos” en la gestión. Hay que recordar que la jefa del Servicio de Valoración de Granada fue cesada a finales de septiembre, algo que también ocurrió en Córdoba y a lo que se sumó días más tarde la dimisión de su homóloga en Sevilla. Según denuncia CCOO, detrás de estos ceses está el hecho de que estas trabajadoras habían solicitado instrucciones por escrito después de que sus superiores las indujeran a no respetar la antigüedad de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia

La presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social y decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, María Campos, denunciaba el pasado mes de noviembre en este periódico la "gravísima e indigna" situación que se deriva de estos retrasos en el sistema de Dependencia en la provincia. Para la presidenta del Consejo, la situación actual hace que todo "vuelva a recaer en los cuidados informales de la familia", unos cuidados que, tradicionalmente "suelen estar feminizados", puntualiza la decana, en referencia a cómo las han sido las mujeres, madres o esposas, quienes han asumido los cuidados de las personas dependientes, lo que genera "una desigualdad de género", destacando que "cerca del 97% de las cuidadoras son mujeres".

"Cuando llevas ya tanto tiempo esperando la ayuda de la dependencia, lo que haces es recurrir como nosotros a un servicio privado", relataba entonces la presidenta, afectada personalmente por esta situación a través de su madre. Campos asegura que la ayuda que finalmente llegó fue un porcentaje de ese dinero, unas migajas de pan que no solucionan el problema.