La lista de morosos que cada año publica Hacienda por estas fechas tiene un gran valor como documento para escudriñar la historia reciente de este país y la de cada provincia. El pelotazo del ladrillo que durante años relataron los periódicos y su posterior caída se ve hoy reflejado en listados de este tipo, en los que aparecen un reguero de constructores y promotores hoy venidos a menos con sus nombres figurando en causas judiciales y alternando también en la lista de los grandes deudores a la Agencia Tributaria. En Granada, continúan encabezando la lista los apellidos García Galindo, cuya inmobiliaria ya cerrada adeuda al Estado más de 12 millones de euros, a los que hay que sumar los 4,1 millones de mora que tiene la empresa ya liquidada de Promoalian, relacionada también con García Galindo. Los otros apellidos en liza, y que repiten en la lista negra de la morosidas, son los de Ávila Rojas con una deuda que casi alcanza los tres millones entre los 7,3 que debe por Inmobiliaria y Constructora Ávila Rojas, los 2,3 por Ávila Rojas Construcciones SA y los 2,2 como persona física). Cabe recordar que el nombre del empresario granadino José Ávila Rojas está sepultado para la historia por su implicación en el Caso Malaya, después de haber de montar un verdadero imperio en torno al ladrillo.

Del caso Malaya al Nazarí con el nombre de José Julián Romero, el promotor que ha dado portadas y titulares ha dado en los últimos tiempos por su vinculación al gran caso histórico de la corrupción municipal en Granada. Así, la firma con la que operaba de J. Julián Romero Consulting SL, la cual está inmersa en el proceso judicial, mantiene una deuda con Hacienda por valor de 6,7 millones de euros.

Gestha dice que buena parte de la lista son "desahuciados" que no pagarán sus deudas

Otro apellido con mucho recorrido es el del promotor Fernando Rodríguez-Acosta, que aparece indirectamente en la lista de Hacienda a través de Inaón Grupo Empresarial SL con una mora de 1,7 millones de euros. Rodríguez Acosta es uno de los quince investigados en el caso Marchelo, el asunto más importante de presunta corrupción urbanística que se ha dado en Granada y que alude a posibles irregularidades de varias operaciones urbanísticas en Alhendín. El caso está abierto desde el año 2006.

Las ruinas que dejó el imperio de la construcción durante las últimas décadas también se pueden ver en la figura de Pablo Chinchilla Rodríguez, cuya empresa la Promotora P. C. Chinchilla SL tiene una deuda de 2,4 millones de euros con la Agencia Tributaria. Chinchilla fue otro nombre recurrente en titulares de periódicos por su aparición en numerosos casos que han acabado juzgándose en los tribunales.

Las inmobiliarias son las empresas más numerosos entre la lista de morosos granadinas. Las cenizas del ladrillo se pueden comprobar a través de las deudas millonarias como las de las firmas Edilomar SL (6,7 millones de euros), o Inmobiliaria Vegas de Guadaira SL (4 millones), además de otras como Projimosa SL (casi 3 millones), Grupo Noral SL (cerca de 2 millones), Emilio Alaminos e Hijos (1,4 millones). De la misma manera, hay otra serie de empresas ligadas a la construcción y a todo lo que significó el 'boom' inmobiliario que también aparecen en la lista de los morosos de Hacienda como son Cerámicas La Purísima Siles SA, Hierros y Pilotes Granada SA u Hormigones Nevada SA.

Son algunos más entre los más de 70 nombres granadinos en la lista de Hacienda y que suman una deuda global en torno a los 150 millones de euros. Así, mientras hay instituciones que han ido escapando de este registro de dudoso honor como la UGR o el Granada CF -donde parece que el concurso de acreedores ha dado sus frutos-, hay otras como la Real Sociedad Hípica de Granada que sigue envuelta en problemas y que todavía acumula una mora con Hacienda de más de 2 millones de euros.

La mayor parte de estas deudas de las que se hace eco la Agencia Tributaria forman parte ya de su tradicional 'ránking veraniego', ya que es el tercer año que se da a conocer esta lista de grandes morosos en estas fechas. No obstante, la mayoría de estas deudas son historia y se descarta por completo que alguna vez vayan a ir a parar a las Arcas del Estado. De esta forma, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya señalaron ayer que buena parte de los morosos son "desahuciados" que nunca pagarán sus deudas y resaltaron que el 44% de los 15.300 millones de euros que se deben al Estado procede de deudores que se encuentran en proceso concursal, por lo que ven "muy difícil" cobrar unos 6.800 millones. Los técnicos calificaron de "insignificante" la caída del 0,4% del importe de las deudas en esta cuarta edición de la lista negra, ya que consideran que pone de manifiesto que más del 99% de la misma continúa pendiente de pago.

Por otra parte, los técnicos cuestionaron que en la lista de morosos no haya rastro de las derivaciones (administradores responsables de las deudas contraídas por las empresas), por lo que exigieron que se acometa una modificación legal para que sea posible sacar a la luz -a través de un cambio en el artículo 95 bis- los datos confidenciales de esas personas. Este cambio normativo, según Gestha, serviría para que aquellos responsables con cierta notoriedad pública y capacidad de pago redujeran sus deudas pendientes de cobro por debajo del millón de euros, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda, que a fin de cuentas es de lo que se trata.

No obstante, la consolidación de la lista negra de los morosos es avance en una sociedad mal acostumbrada a etapas de opacidad sin parangón.

josé julián romero

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