La violencia de género es la lacra que más ha azotado a la provincia en lo que va de año. Cinco mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas sentimentales -la última la mañana de este martes en Maracena-, una cifra que hace que Granada tenga las peores cifras de toda Andalucía en esta materia.

Precisamente, la Fiscalía Superior de Andalucía, en su Memoria del 2018, ha denunciando el "colapso" que existe en los órganos judiciales especializados en esta materia, tras haber asumido la competencia de estudiar las medidas de quebrantamientos de penas u órdenes de alejamiento de la víctima. Ante ello, el Ministerio Público ha reclamado órganos específicos para abordar la violencia de género.

Tal y como se expone en la memoria, Granada es la segunda provincia andaluza en la que más causas se incoaron el pasado año, con un total de 5.530 asuntos, siendo Sevilla la que contó con más actividad en dicha materia, con 6.151.

En cuanto a procedimientos por violencia doméstica o familiar, en la provincia se incoaron un total de 509, cifra que hace a Granada colocarse de nuevo en segunda posición andaluza, repitiendo Sevilla, esta vez con 1.023 como la primera de la comunidad autónoma.

A nivel andaluz, se tramitaron el año pasado 803 órdenes de alejamiento y 1.485 de protección, de las que 491 fueron denegadas, se adoptaron 678 con medidas penales, 244 con una combinación de medidas civiles y penales, mientras que 71 lo fueron solo civiles.

Asimismo, la Fiscalía revela en su memoria que durante el último año se ha detectado un resurgimiento de los delitos de control tecnológico y hostigamiento por parte de parejas o exparejas hacia las mujeres a través de redes sociales como la aplicación de mensajería Whatsapp, así como otros medios telemáticos. Si bien, expone que, pese a ello, estos medios sirven como prueba para condenar al autor.

En este ámbito, la Fiscalía Superior de Andalucía destaca la necesidad de contar con un "órgano penal específico en género, dada la importante diferencia cuantitativa y cualitativa de asuntos donde la especialidad se quiebra precisamente en el enjuiciamiento".

Todo ello viene después de que los órganos especializados hayan asumido como nueva competencia por ley los quebrantamientos de penas y las medidas de alejamiento derivadas de delitos de violencia de género, tareas que han provocado un "colapso judicial", según el Ministerio Fiscal.