La selectividad en vía muerta

"He visto muchos cambios, de la LOGSE a la LOE, del BUP y COU a la ESO y Bachillerato... pero siempre se ha ido por delante. Ahora no". Ceferino Ruiz, responsable de la oficina de Coordinación General de Acceso (COGA) de la Universidad de Granada, ve claro que el agujero que ha abierto la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en el acceso desde Bachillerato a la Universidad debe taparse, y cuanto antes. La ley recoge en su articulado que al final de la etapa de Bachillerato el alumnado debe pasar una reválida. "Eso está en la ley y así debe hacerse", señala Ruiz. El texto afirma también que "las Universidades podrán determinar la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller", y también permite que las Universidades acuerden un proceso de admisión común, o el reconocimiento mutuo de las calificaciones de las notas obtenidas en sus procesos de admisión. Un abanico de posibilidades amplio y que, por lo pronto, no puede cerrarse por la falta de desarrollo normativo. Así, está en el aire está cómo se articulará el acceso a los estudios superiores, el heredero de la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), más conocida como selectividad, a la que el pasado curso se presentaron unos 5.100 alumnos granadinos.

Las universidades públicas españolas ya han hecho pública su opinión. La Conferencia de Rectores han pedido una prueba "similar a la PAU" en el curso 2016-2016 . Quieren, de este modo, garantizar "la seguridad jurídica" de los bachilleres. Los directores de institutos públicos, por su parte, también se han manifestado en contra de la posibilidad de que se imponga a los alumnos realizar dos exámenes (la ya referida reválida más una prueba de acceso que dependería de las universidades), y reconocen que el desarrollo de las normativas "va con retraso". No hay ni orden ni decreto que recoja el currículo del segundo curso de Bachillerato. Hasta ahora, sólo se ha regulado el primer curso -en el que ya está en vigor la Lomce- mientras que la planificación de los centros y la labor de orientación al alumnado se resienten por la falta de concreción en el segundo.

"No podemos orientar a los alumnos", explica José Madero, presidente provincia de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) y director del IES Arjé de Chauchina. Lo normal era que el profesorado trabajara con el alumnado sobre los itinerarios que puede elegir en el segundo curso e informar sobre el acceso a la Universidad. En esa información falta un eje clave, cuál será la llave que abra la puerta de los estudios superiores a aquellos que ahora mismo están en el primer año de Bachillerato. El problema no es sólo qué ocurrirá con los que el curso que viene accedan al segundo año, también está en el aire qué se hará con los repetidores. Ni se puede saber cuántos serán ni tampoco se conoce qué harán en el aula. Cursan este año académico con un currículo que a partir de septiembre desaparecerá, con asignaturas que también se extinguirán. También se ve alterado todo el proceso de planificación de los centros, en los que se tiene que analizar tanto la oferta de asignaturas como la plantilla con la que se cuenta.

Los padres también ven con recelo todo el proceso. Carmen Fernández, madre de dos alumnos de Secundaria, asegura que "firmaría una prórroga de la selectividad, por un año, por dos, por tres". Esta madre ve con temor la puesta en marcha de la reválida, que supondrá "más ansiedad para los chicos, porque es una prueba decisiva".

En Andalucía, la UGR ya acordó con el resto de Universidades andaluzas que para los "estudiantes que han iniciado sus estudios de Bachillerato" este curso 2015-2016 "les serán de aplicación los criterios y parámetros actualmente vigentes". Ceferino Ruiz explica que este acuerdo entre los miembros del Distrito Único Andaluz supone "poner pruebas sobre materias de Bachillerato, como se hacía con la fase específica". En el modelo actual de la PAU el examen consta de dos partes, la general -con las materias comunes a todo el alumnado y que puntúa hasta 10- y la específica. En ésta las pruebas versan de las materias elegidas por el alumno y que componen el itinerario elegido para acceder a una determinada carrera, con una puntuación máxima de 4. El acuerdo de las universidades públicas andaluzas supone que se tenga en cuenta la nota de Bachillerato, la obtenida en la reválida y, además, que se haga un examen específico con esas asignaturas optativas. Ese acuerdo de las universidades -que se cerró en 2015- tiene como principal problema, por ahora, que ni siquiera se conoce cómo será el segundo curso de Bachillerato el próximo año, ni qué asignaturas se impartirán. "Por ejemplo, Literatura Universal se da ahora en primero, así que no se dará en segundo. Se dará otra cosa, pero no sabemos qué", señala Ruiz.

La reválida en sí también plantea dudas sobre si podrá se utilizada como criterio de admisión, ya que no se sabe cómo será. "Se habló de un tipo test, pero se desechó", apunta el coordinador de COGA . Un tipo test no permite discriminar las notas por asignatura, reseña Ceferino Ruiz. Tampoco se sabe si en la elaboración del examen se contará con profesorado de Secundaria, si dependerá únicamente de docentes universitarios o si, como ocurre en la actualidad, se trabaje en ponencias en las que participen unos y otros.

Sin normativa, ni modelo de examen, el tiempo avanza. "Sería arriesgado no solucionar esto antes del verano", explica el responsable del acceso a la UGR. En educación, se suele planificar con incluso dos años de adelanto. Y en el caso de la selectividad, por ejemplo, el examen de la próxima convocatoria lleva días diseñado. El proceso de elaboración de la prueba comienza en octubre, se desarrolla durante la primera parte del curso y finaliza antes de Semana Santa.