Los sindicatos de Justicia, contra el "desmantelamiento" de Gallardón

Una treintena de funcionarios de la Administración de Justicia de la capital se concentró ayer frente a los juzgados de la Caleta exhibiendo carteles contra el "desmantelamiento" del sistema judicial que, a su juicio, está llevando a cabo el ministro Alberto Ruiz-Gallardón con sus reformas y planes de privatización.

Durante esta nueva protesta, convocada por las centrales sindicales STAJ, UGT y CCOO, los delegados de Justicia hicieron un llamamiento a la sociedad en defensa de la Administración de Justicia ante el "grave deterioro" del sistema que creen que se está produciendo con los cambios proyectados.

Así, se refirieron a la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que conllevará por ejemplo que se instauren los Tribunales Provinciales de Instancia y provocará la desaparición de los Jueces de Paz.

En declaraciones a este diario, el delegado sindical de UGT de Justicia, Antonio González, explicó que con el acto de ayer, que se convocó a nivel nacional, persiguen reivindicar los derechos de los funcionarios de Justicia y de un sistema "que el Gobierno del PP quiere privatizar y lo está haciendo".

Recordó que en la nueva LOPJ se prevé unificar todos los partidos judiciales en la capital de provincia, de modo que desaparecerá la mayoría de los ahora existentes, "y eso añadido a que no hay oferta de empleo público, a las tasas judiciales y a la privatización del Registro Civil, al final dentro de unos años nos encontraremos con que la Justicia es para ricos y no podremos acudir los pobres", subrayó.

También criticó el anteproyecto de la nueva LOPJ el delegado de CCOO de Justicia en Granada, Francisco Vílchez, quien se refirió además a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que "privatiza algunos actos de comunicación y ejecución que ahora mismo llevan a cabo personal de Justicia, pasándolos a los procuradores". En su opinión, se provoca así "una Justicia de doble velocidad: una, la que se paga a personas ajenas al servicio de Justicia, y la otra, la que llevamos a cabo nosotros en el servicio de la Justicia".

En la misma línea se pronunció el coordinador del STAJ, Nicolás Núñez, quien dejó claro su desacuerdo con "las reformas previstas tanto por la Consejería de Justicia e Interior como por parte del Ministerio de Gallardón, que solamente esconden recortes, alejan la Justicia del ciudadano y aumentan el control político de la Administración de Justicia".

Los tres sindicatos creen que las reformas del Gobierno atentan no solo contra los derechos de los trabajadores de Justicia sino que lesionan el derecho fundamental del ciudadano "a una tutela judicial efectiva".