La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto acoger mañana lunes el juicio a los dos acusados de traficar presuntamente con fardos de cocaína tras haber sido sorprendidos en un dispositivo policial de tráfico transportando esta droga.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2018, cuando, sobre las 1:45 horas, los agentes de seguridad ciudadana dieron el alto a un turismo en un control de tráfico en la autovía A-92, kilómetro 264, a la altura de Huétor Santillán, con el que los acusados transportaban 25 paquetes rectangulares envueltos en plástico, envasados al vacío y ocultos en un doble fondo.

Dichos paquetes, que contenían cocaína de un 81% de pureza, estaban identificados con varias inscripciones y símbolos. En siete de ellos aparecía la inscripción 'Bugatti', en ocho la inscripción 'Audi', en cuatro una fotografía del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y la inscripción 'Pablo' y en seis un escudo de cabeza de león y dos espadas cruzadas.

Según el escrito, en el momento del alto al vehículo, tanto el conductor como el copiloto mostraron "un elevado nerviosismo, lo que motivó a que se hiciera un registro más exhaustivo del habitáculo, percatándose un agente de que los altavoces no emitían sonido y habían sido instalados con el fin de ocultar un doble fondo donde se encontraban los 25 paquetes de cocaína".

Los agentes intervinieron, además de la droga, 5.180 euros en efectivo, 13 décimos de Lotería de Navidad, cinco participaciones de tres y seis euros de Lotería de Navidad, ocho apuesta de La Primitiva, tres cupones de la ONCE, un reloj, cuatro teléfonos móviles, una bandolera negra, un monedero y una cartera.

Eran objetos "relacionados con su actividad ilícita, bien por ser empleados para facilitar las labores de transporte, bien por ser ganancias derivadas del tráfico de drogas o bien por ser inversiones del mismo fondo".

Por todo ello, la Fiscalía solicita para cada procesado, ambos en prisión provisional desde el 15 de septiembre de 2018, una pena de ocho años y medio de prisión y al pago de una multa total de un millón y medio euros por un supuesto delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia.