Stop Desahucios pide al Ayuntamiento que pare los desalojos de varias familias vulnerables en Santa Adela

La Plataforma Stop Desahucios pide al Ayuntamiento de Granada una solución para las familias vulnerables que viven en varias viviendas municipales de Santa Adela que están incluidas en un programa de rehabilitación para destinarlas a un modelo de vivienda para personas sin hogar, lo que obliga previamente al desalojo de las primeras familias. El Ayuntamiento reformuló en octubre pasado el plan de rehabilitación de 13 viviendas para este modelo de Housing Led y Housing First por estar algunas de ellas, según argumentaba en el documento aprobado en Junta de Gobierno Local, "ocupadas ilegalmente", por lo que se optó por dejar para el programa solo tres viviendas en Santa Adela (que sí están ya vacías y por tanto pueden disponer de ellas) y buscar otras tres en otra zona de la ciudad, concretamente en San Ildefonso. Pero este cambio ha aflorado un problema de base: la situación de las familias que ahora viven en esas viviendas en Santa Adela y para las que Stop Desahucios está reclamando una solución ya que la opción del Ayuntamiento es el desahucio al haber decretado el año pasado la extinción del contrato de alquiler social con estas por caducidad pero sin resolverse previamente su situación de vulnerabilidad.

Según informan desde la plataforma a este periódico tras la decisión municipal, las viviendas fueron concedidas en régimen de aquiler social entre los años 2013 y 2014 por la extinta Emuvyssa a familias en situación de vulnerabilidad social, todas ellas con informes favorables de los Servicios Sociales Municipales. Eran inmuebles antiguos, deteriorados y con falta de mantenimiento. Ahí han estado sin problema hasta que entre julio y septiembre de 2024 el Ayuntamiento remitió cartas a 12 familias comunicándoles la extinción de los contratos por prescripción del plazo máximo y concediéndoles hasta cuatro meses para abandonar las viviendas, iniciándose posteriormente procedimientos administrativos de desahucio. La plataforma constató que "la negativa a renovar los contratos no obedece a una situación de ocupación irregular", sino a la inclusión de estas viviendas en un proyecto de rehabilitación financiado con fondos europeos para el destino de estas viviendas a programas municipales para personas sin hogar, "hecho este que a las familias les fue ocultado", según denuncian.

De las 13 viviendas destinadas al programa, tres están ya deshabitadas. Del resto, ocho están habitadas con contrato y dos, ocupadas y según Stop Desahucios se van a suspender los procedimientos de cinco familias que tenían contrato, dos de ellas que siguen pagando, por vulnerabilidad. El resto de los que no se suspenden, también afectan a familias de las que tenían contrato.

Con esa situación, Stop Desahucios Granada 15M ha presentado diversos escritos al Ayuntamiento entre finales de 2024 y 2025 "solicitando la suspensión de los procedimientos de desahucio, la apertura de un proceso de diálogo y la valoración de alternativas que permitan la renovación o actualización de los contratos de alquiler de estas familias vulnerables", a lo que "a día de hoy, no se ha recibido respuesta por escrito a estas solicitudes". "Aunque se han mantenido reuniones con distintos responsables municipales, no se ha logrado ni la paralización de los desahucios ni una solución habitacional alternativa" a estas familias, que según informes actualizados de Servicios Sociales continúan en situación de vulnerabilidad social. Lo que esperan es que se paren los procedimientos de desahucio por vía administrativa.

En la plataforma están trabajando directamente con tres familias, de las que dos se encuentran incluso "al corriente de pago de las rentas mensuales mientras que la otra ha manifestado reiteradamente su voluntad de regularizar los importes atrasados, intentando sin éxito encontrar una vía para hacerlo". "Esta situación no es excepcional: otras familias accedieron a las viviendas mediante contratos legales que el Ayuntamiento se ha negado a renovar o renegociar", dicen, poniendo sobre la mesa una realidad compleja: "No se trata de una oposición entre familias vulnerables, sino de una decisión administrativa que desaloja a unas personas en situación de exclusión sin ofrecerles una alternativa, mientras se justifica la medida en nombre de otro colectivo igualmente vulnerable", dicen, confiando en que se dé una solución a estas familias.