El subdelegado pide que no se criminalice a las empresas por el 'caso Edu'

Que una empresa de formación haya cometido un fraude no debe perjudicar a todas las demás. Esta es la opinión del subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que ayer se mostró tajante con el caso de las academias fraudulentas que en los últimos días ha salpicado Granada.

Según admitió el subdelegado, lo que se está haciendo es una investigación seria, ordenada por un juez donde la policía lógicamente atiende lo que se demanda. En este sentido, Pérez culpó a la Junta de Andalucía, pues no se explica cómo el organismo autonómico no realizó los controles necesarios para comprobar que la ingente cantidad de millones que se estaba destinando a cursos de formación no llegaba a buen puerto. "Ha habido una falta de control muy grande por parte de la Junta de Andalucía y creo que es donde hay que incidir, en cómo es posible que tantísimo dinero no haya sido debidamente fiscalizado y controlado para su buen uso que era formar a personas que tenían dificultades para acceder al trabajo".

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes en Guadix y Albolote a cuatro personas relacionadas en el caso del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados en las provincias de Málaga y Granada en una operación denominada 'Edu' que sigue abierta. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid fue la encargada de practicar los arrestos, ocho de ellos en la provincia malagueña y cuatro en la granadina.