Los testigos del caso Nazarí comprometen a Torres Hurtado

Más de una decena de testigos muy vinculados a la vida municipal han pasado en los últimos meses por delante de la jueza que instruye el caso Nazarí y han coincidido en situar al exalcalde José Torres Hurtado como la persona que tenía la "última palabra" y conocía con detalle los aspectos más trascendentales del urbanismo de la ciudad. La mayoría también destaca su estrecha vinculación con el funcionario Manuel Lorente, que habría sido su persona de máxima confianza para dirigir este área durante la mayor parte de sus años de regidor en Granada.

Desde que se inició esta investigación judicial en enero de este año (cuyas actuaciones han estado secretas), han declarado ante la policía y luego ante la jueza, en calidad de testigos, personas que a lo largo de la última década han tenido cargos de responsabilidad, como el exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo. Él fue el elegido por Torres Hurtado para llevar este importante área municipal a su llegada a la alcaldía en 2003. Pero cuatro años más tarde fue sustituido por una persona de máxima confianza personal del entonces regidor, Isabel Nieto, mientras que el edil fue apartado de las listas electorales y desapareció de la vida política.

García-Royo explicó ante la jueza el funcionamiento interno de Urbanismo durante su etapa al frente de este área, en la que fue conocido públicamente por su gran capacidad de influencia, lo que hizo más sorprendente y sonado su relevo en 2007. En aquellos meses fueron evidentes ya sus diferencias de criterio con Torres Hurtado. El exedil ha contado ahora a la jueza del caso lo que vivió en aquellos tiempos.

Aún en los años en los que García-Royo dirigía Urbanismo con la bendición del alcalde, el concejal despachaba con él "prácticamente a diario" los temas de Urbanismo y sostiene que estaba al tanto de todos los asuntos importantes. Pero esa "relación fluida" que describe fue cambiando con el tiempo. "Luego se me fue apartando y se fueron tomando decisiones al margen mío. Al señor Lorente se le llamaba para despachar con el alcalde y yo me enteraba por mi secretaria", contó el pasado junio el exconcejal en sede judicial.

La jueza le preguntó si el alcalde y el entonces gerente de Urbanismo le "puenteaban" y el testigo dijo: "Totalmente". Esta situación, aseguró, "fue a más" cada día: "Fui ninguneado hasta el extremo que me planteé dimitir, pero no quería escándalos a pocos meses de las elecciones".

García-Royo ilustró a la titular del Juzgado y a la fiscal del caso, únicas asistentes a la comparecencia por el secreto del proceso, con varios ejemplos de ese ninguneo que relataba. Explicó que, aún siendo él concejal, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Curia con el que el edil no estaba de acuerdo, pero se hizo a sus espaldas y él se enteró por la prensa. "Lo había redactado Lorente, siguiendo las instrucciones del alcalde", agregó el exedil.

El funcionario al que alude García-Royo, Manuel Lorente, es la persona que la policía señala en sus informes como el número dos de la supuesta "trama corrupta", justo por debajo del entonces alcalde e incluso en una posición adelantada respecto a la concejal de Urbanismo que sustituyó después al testigo, Isabel Nieto. De hecho, los agentes instructores se basan en ésta y otras declaraciones coincidentes para afirmar esta jerarquía en el urbanismo de la ciudad.

Estas revelaciones contradicen por completo la versión dada por el propio Torres Hurtado ante la jueza que instruye este caso, por el que fue detenido el pasado 13 de abril, junto a otras 15 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios. Durante su declaración, el exalcalde insistió en que era ajeno a los asuntos urbanísticos de la ciudad porque tenía las competencias delegadas en los concejales, en concreto Isabel Nieto. "Todas las funciones están delegadas en ella", testificó el político.

Pero los testigos lo contradicen en este aspecto, pues no solo García-Royo puso de relieve el poder de decisión que se reservaba el regidor, si no que otros declarantes que trabajaron en el Ayuntamiento han destacado lo mismo. El que fue director general de Urbanismo hasta 2013, Jacobo de la Rosa, también explicó a las autoridades que Manuel Lorente manejaba "las riendas del urbanismo y las obras municipales junto con la delegada (Isabel Nieto) y el alcalde, José Torres Hurtado, el cual tiene una gran confianza y total afinidad con él", según consta en el informe de su declaración.

Otro testigo importante para el caso, Manuel Navarrete, que fue letrado jefe de la Asesoría Jurídica de Urbanismo, asegura en su declaración que Torres Hurtado "no solo estaría al tanto de lo que acontece en el seno del urbanismo de Granada, si no que sería con Manuel Lorente, de su total confianza, quien controla el urbanismo". Esta situación, según el informe de la declaración del testigo, se intensificaría tras la llegada de Isabel Nieto a la Concejalía en 2007, "una vez que entre Lorente y el alcalde lograron, con los continuos 'puenteos' del anterior concejal Luis Gerardo García-Royo, que el mismo desapareciera de la política activa".

La jerarquía y el funcionamiento habitual que la policía establece de la supuesta trama de corrupción se ve refrendada por las declaraciones de la decena de testigos requeridos en la causa. Es generalizada la expresión "Lorente es quien mandaba en Urbanismo", ya sea durante sus años como gerente o tras su supuesto paso atrás en 2008 al dimitir y aceptar el cargo de director técnico de Obras Municipales. Incluso desde este cargo, los testigos y algunos investigados aseguran que era el que tenía el poder fáctico en el urbanismo, solo controlado por el alcalde y, en menor medida, la concejal.

La jueza pregunta reiteradamente a testigos e investigados sobre los motivos por los que Lorente dejó el cargo de gerente y si este hecho estuvo motivado por la entrada en vigor de la ley que obligaba a los altos cargos a hacer una pública declaración de bienes.

Además del triángulo que coronaría la pirámide de poder, formado por Torres Hurtado, Manuel Lorente e Isabel Nieto, los testigos coinciden en destacar el papel de sus más estrechos colaboradores en el área de Urbanismo, que serían Emilio Martín Herrera y Agustín Belda (algunas testificales lo sitúan como el "patrocinado" de Lorente para sustituirle en el cargo cuando éste 'se retiró' a la dirección de Obras).

También mencionan y destacan muchos de los testigos el papel de la secretaria municipal, que podría haber hecho "los informes necesarios" para sacar adelante ciertos expedientes conflictivos desde el punto de vista legal. Esta alta funcionaria es otra de las personas que fue detenida y continúa siendo investigada.