Los diez tomos del 'caso Romanones' aterrizan en la Audiencia Provincial

El 'caso Romanones', en el que está implicado un sacerdote de la Diócesis granadina por presuntos abusos sexuales a un joven siendo menor de edad, ya ha aterrizado en el Palacio de la Real Chancillería de Granada, donde se hallan las secciones penales de la Audiencia Provincial. El futuro juicio tendrá lugar en la sala de vistas de la Sección Segunda y será la magistrada Aurora María Fernández, "conforme al turno especial que viene establecido", quien se encargará de dictar el fallo del tribunal, o como se le denomina en el argot judicial, la ponente de la sentencia.

Así consta en un documento judicial emitido el 25 de enero y al que ha tenido acceso este diario. Se trata de "una diligencia de ordenación" emitida por una letrada de la Administración de Justicia. En ella, la Audiencia da por recibido el sumario instruido contra el religioso, el padre Román M.V.C., que fue apartado de sus funciones sacerdotales -era párroco de la Iglesia San Juan María de Vianney- tras ser denunciado por la supuesta víctima, que ahora tiene 26 años y ha sido bautizado por los medios con el nombre ficticio de 'Daniel'.

Más de 4.000 folios contienen los diez tomos con que cuenta la causa, en la que existen, aparte de la Fiscalía -el fiscal del caso es Francisco Hernández-, otras dos partes acusadoras: la acusación popular ejercida por la Asociación Prodeni y cuyo letrado es su propio presidente, Juan Pedro Oliver, y la particular, ejercida por 'Daniel', que está representado en el proceso por el abogado Jorge Aguilera.

Junto a la decena de tomos, también han llegado al edificio las piezas separadas existentes en el sumario. Entre ellas está la del responsable civil subsidiario, que sería el Arzobispado de Granada en caso de condena, y la de responsabilidades pecuniarias del padre Román, a quien el juez instructor de la causa, el magistrado Antonio Moreno -titular de Instrucción número 4- hizo pagar una fianza de 50.000 euros para responder a posibles indemnizaciones.

También existe una pieza separada sobre la situación personal del religioso, que se encuentra en libertad (nunca ha estado privado de ella). El cura, que está defendido por el letrado Javier Muriel Navarrete, evitó su ingreso en prisión con el pago de una fianza de 10.000 euros, que hizo efectiva tras su detención a finales de noviembre de 2014. Este archivador también contiene la documentación relativa a la medida de alejamiento con respecto al denunciante que el instructor acordó y los papeles relacionados con la obligación de presentarse en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes.

Hay otras piezas separadas concernientes a los otras tres personas que fueron detenidas junto al padre Román: los curas Manuel M. y Francisco José C., y el laico Sergio Q., profesor de religión. Los tres dejaron de ser investigados al declararse prescritos los delitos que 'Daniel' les atribuía en su denuncia, que llegó en forma de carta a manos del Papa Francisco.

Existe otra pieza separada de documentación con carácter reservado que incluye 380 folios, la cual, como indica el escrito, "queda custodiada" en la Secretaría de la Sección Segunda "con carácter reservado". Aunque no se especifica qué información contiene, todo apunta a que se trata de la documentación eclesiástica que el juez Moreno recabó para comprobar lo que el padre Román había declarado en el marco de la investigación que hizo la Iglesia.

Las declaraciones judiciales y policiales de los detenidos se hallan en 12 cedés, que también están ya en las oficinas de la Audiencia, así como otros 39 soportes con grabaciones telefónicas y un archivador con documentos de diversas entidades financieras.

En los diez tomos principales del caso están, aparte de los testimonios del padre Román, de los otros denunciados inicialmente y de la supuesta víctima, la documentación clínica de 'Daniel', una grabación del programa Espejo Público y la investigación patrimonial que se realizó a los implicados. Igualmente figura el último interrogatorio al padre Román, llevado a cabo con motivo de su declaración indagatoria, una vez transformada la causa en un sumario por las elevadas penas que llevan aparejados los delitos que se le imputan.

El padre Román siempre ha defendido su inocencia, aunque el joven le atribuye conductas que, a juicio del juez y de forma indiciaria, podrían ser constitutivas de distintos delitos de abuso sexual con prevalimiento. Los supuestos hechos se produjeron entre 2004 y 2007, y cesaron cuando el joven abandonó el grupo de religiosos que el padre Román lideraba, conocido como 'los Romanones'. Todavía falta que las partes califiquen los hechos de cara a su enjuiciamiento.