Los trabajadores de Clece se bajarán el salario para evitar más despidos

La empresa concesionaria del servicio municipal de Ayuda a domicilio llegó a presentar un expediente de regulación de empleo, aunque lo ha retirado

Clece presta el servicio del Ayuntamiento y la Junta.
Noelia M. Estebané / Granada

14 de marzo 2010 - 01:00

Los trabajadores de Clece -que presta el servicio de Ayuda a domicilio del Ayuntamiento y de la Ley de dependencia de la Junta- han acordado con la empresa adjudicataria asumir una bajada del coste de la hora trabajada para que la compañía no tenga que despedir a ningún empleado, según informó uno de los miembros del comité de empresa, Sergio Santander.

Los problemas de reorganización de la plantilla surgen como consecuencia del crecimiento del número de usuarios de la Ley de dependencia, en detrimento de la Ayuda a domicilio, de modo que Clece tiene que destinar trabajadores de la segunda actividad a la primera. Pero como el servicio para la Junta se paga a tres euros menos por hora que el del Ayuntamiento, la empresa estuvo planteándose reducir la plantilla, si bien comité de empresa y dirección han llegado un acuerdo por el que los empleados asumen esta reducción del salario.

No obstante, pactado este punto, surge la problemática de cómo modificar los contratos laborales (en cuanto al organismo para el que trabaja el empleados y el precio del salario), ya que, según señala Santander, es necesario actualizar los contratos para evitar controversias entre patronal y trabajadores.

En este punto, Clece acudió a la Delegación de Empleo para presentar un Expediente de Regulación de Empleo relativo a los 200 miembros del equipo de Ayuda a domicilio, con la intención de despedirlos y luego contratarlos con las nuevas cláusulas contractuales, pero sin perder la antigüedad. Sin embargo, aunque pidió el apoyo al comité de empresa, la asamblea de trabajadores se negó, ante la duda de que volvieran a ser readmitidos. Al final, la empresa retiró el ERE y a principios de la próxima semana, se reunirá con los sindicatos y los asesores jurídicos, para buscar una forma consensuada de legalizar la situación.

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