Forman parte de los llamados trabajadores esenciales dentro de la estrategia de vacunación contra el coronavirus, pero, sin embargo, dos meses después de que fueran incluidos en ese plan de inmunización estatal, siguen sin recibir el ansiado pinchazo. Son maestros, policías, guardia civiles, militares o bomberos con edades entre 56 y 59 años a los que los vaivenes de Astrazeneca los ha dejado fuera de los grupos prioritarios, sin que por el momento existan alternativas. 

“No pedimos nada del otro mundo; sólo queremos vacunarnos”, plantea una docente de 58 años que prefiere mantener el anonimato. Como ella, otros “tres o cuatro” compañeros, de una plantilla que en su centro ronda la veintena, se encuentran en su misma circunstancia. “Me parece estupendo que mis compañeros hayan sido vacunados, pero nosotros somos igual de esenciales que ellos y nos sentimos totalmente desprotegidos”, afirma la mujer, que urge una solución. “Si el problema está en que el tipo de vacuna que nos iban a poner no se nos recomienda por nuestra edad, pues que nos pongan otra. Ése no es nuestro problema, pero sí el vernos en inferioridad de condiciones entre nuestros compañeros vacunados”, manifiesta.

Si la vacuna de Astrazeneca empezó a inocularse entre el colectivo docente con un máximo de hasta 55 años, ampliándose posteriormente hasta los 60, en visión de los últimos acontecimientos (los efectos de trombosis rara y grave tras vacunarse en los menores de esa edad), desde principios de este mes se está realizando todo lo contrario y este fármaco está actualmente sólo indicado en adultos de entre 60 y 69 años, dejando a un grupo de docentes que aún no han sido inoculados pese a estar incluidos en la estrategia de inmunización. Unos cambios repentinos y unas consecuencias sin soluciones a la vista. Según las fuentes oficiales de la Junta, “ahora mismo se está pendiente de ver qué decide el Ministerio” tras haber sido rechazada en Madrid la propuesta en la que el Gobierno andaluz ofrecía  la vacunación con Astrazeneca a menores de 60 años de manera voluntaria.

Denuncia de los sindicatos

La situación también ha sido denunciada por los sindicatos. Desde el Sindicato de Profesores por la Enseñanza Pública (AMPE), aseguran que, además de este grupo etario de entre 56 y 59 años, “que es el más afectado de acuerdo a las denuncias que llegan al sindicato”, todavía hay “un número indeterminado” de profesores menores de 55 años a los que tampoco se les ha vacunado, así como mayores de 60. “En la última actualización de la estrategia de vacunación, con fecha a 20 de abril, se indica que los docentes menores de 60 años que todavía no se hayan vacunado se vacunarán con las vacunas disponibles, según se vaya completando la vacunación de las personas de 60 y más años de edad. Esto supone la desaparición, a efectos prácticos, del carácter prioritario de la vacunación de nuestro colectivo esencial, como ya está sucediendo en estos días con los docentes mayores de 60 años que están siendo vacunados por su grupo de edad, sin que exista indicio alguno de prioridad en el orden en el que reciben la vacuna”, denuncian desde el sindicato.

Para ANPE, “no es de recibo” que docentes de 59 años de edad, “a los que se les dijo que su vacunación sería prioritaria, tengan que esperar a que finalice la vacunación de las personas mayores de 60”. “Ante esta situación, manifestamos nuestro más enérgico rechazo al criterio seguido por el Grupo de Trabajo Técnico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, añaden las mismas fuentes.Por otro lado, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato representativo entre los profesionales de los centros educativos privados y concertados y de atención a personas con discapacidad, también reclama la vacunación de esta parte de profesionales pendientes de recibir las primeras dosis, así como completar la pauta de inmunización a los profesionales que han recibido la dosis inicial de Astrazeneca.

“Reclamamos la vacunación urgente de todos los trabajadores de los centros educativos de toda índole y de atención a personas con discapacidad que aún no han recibido ninguna dosis de vacuna”, manifiesta el sindicato en un comunicado en el que añade: “Es intolerable que a finales de abril los profesionales de ese tramo de edad, algunos con patologías y vulnerables, sigan realizando su labor educativa sin vacunar con niños sin mascarilla en educación infantil y primeros cursos de educación primaria o atendiendo semanalmente a más de 200 adolescentes en secundaria”.

Además, FSIE ha pedido a las autoridades sanitarias que “resuelvan a la mayor prontitud posible cómo finalizar el proceso de inmunización de los profesionales que han recibido una dosis de Astrazeneca y así completar el procedimiento de inmunización de todos los profesionales de los centros educativos de todo tipo y de atención a personas con discapacidad”.

Policía Nacional

Pero, esta situación no es exclusiva del personal docente. Policías y guardias civiles, entre otros colectivos, también han mostrado animadversión ante estos acontecimientos. César Calín, del Sindicato Unificado de Policía de Granada (SUP), subraya que “los compañeros están muy preocupados y enfadados ante esta situación”. Caín, subraya la incertidumbre en la que se encuentran aunque, de momento, al empezar a vacunarse más tarde que los docentes, aún no se han cumplido las doce semanas previstas en principio para recibir la segunda dosis. “Los científicos van por un lado y los políticos por otro, no hay ningún estudio científico que asegure la inmunización con una dosis”, denuncia en un contexto en el que tienen que actuar en aglomeraciones de personas o en fiestas ilegales, en las que las mascarillas brillan por su ausencia, además de situaciones que se dan en los calabozos en las que los detenidos amenazan con escupir o toser a los agentes.

Guardia Civil

Por su parte José Cabrera, de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios de Granada, señala que la situación “es un desastre” porque antes tenían cita para la segunda dosis de la vacuna y ahora no aparece en ClickSalud. También subraya que los guardias civiles entran en la excedencia con 56 años y algunos, por ejemplo, son destinados en los juzgados, donde hay un gran riesgo por el trasiego de personas. “La situación es preocupante porque estamos todo el día en la calle y somos nosotros los que estamos precisamente en contacto con los que saltan las normas contra el Covid”, recuerda Cabrera, que denuncia que hay noches en la que unidad pone más de cien denuncias por este tema.