Una "trama defraudatoria" y un objetivo: el desahucio

La prensa local publicó en 2002 que el juicio por el caso del Hotel Victoria estaba previsto para finales de ese año en la Audiencia Provincial. Los recursos y trámites judiciales demoraron dicha celebración, que no se ha llegado a producir por el extravío de las actuaciones. Pero, ¿qué ocurrió para que el caso del Hotel Victoria acabara en los tribunales?

El detonante fue una querella presentada por el ex director del Hotel Victoria tras el desahucio del céntrico inmueble. El edificio era propiedad de una empresa del principal acusado, Eduardo Salas Praves, y lo explotaba como hotel y cafetería otra empresa, Rumorti, en la que el ex director del hotel tenía acciones.

La Fiscalía cree que la empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, veía en aquel negocio varios inconvenientes, como que carecía de "atractivo industrial" y era "un lastre importante" para cualquier inversor, tanto por contar con una "abultada plantilla con notable antigüedad", como porque la empresa explotadora estaba endeudada con Hacienda y la Seguridad Social. "Para colmo" -añade- la propiedad recibía una renta anticuada debido a un contrato "muy rígido" que dificultaba su extinción.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, emitido en octubre de 2001, ante esta situación, los acusados buscaron una salida, y "la mejor y más barata solución" es que fuera la Justicia quien se encargase de limpiar de trabas el negocio.

La Fiscalía piensa que el empresario Eduardo Salas Praves es, como en el guiñol, "el personaje que maneja los hilos de la trama defraudatoria sin ser visto". Él era el presidente de la empresa propietaria del hotel, Arrendamientos Urbanos de Granada, la cual logró absorber, mediante una empresa interpuesta (Inversiones Herza), a la arrendataria (Rumorti), que era "un molesto inconveniente en las operaciones mercantiles" de los acusados.

Para el fiscal, los acusados actuaron "con unidad de acción", propósito de "enriquecimiento ilícito y dando a todos sus actos apariencia de legalidad". Se propusieron y consiguieron el desahucio y la resolución del contrato con Rumorti y "el lanzamiento de sus ocupantes con extinción de los contratos de trabajo existentes". Además de Salas Praves están acusados el apoderado, administrador único y socios de Herza, la sociedad creada para descapitalizar a la empresa. Las deudas que tenía el Victoria con el fisco y con la Seguridad Social finalmente fueron saldadas, según fuentes del caso.

El Ministerio Público apreció en los hechos tres posibles delitos (insolvencia punible, estafa procesal y contra los derechos de los trabajadores) por los que pidió 9 años de cárcel para Salas Praves y 7 para el resto.