El Gobierno se marcó un objetivo claro: eliminar los coches de combustión para 2040. El objetivo no era otro que quitar de la circulación un tipo de vehículo con una alta emisión de CO2, ya sea los cohes hibrídos, los eléctricos o el transporte público. Este último, precisamente, gana por goleada en lo que a huella de carbono se refiere frente al vehículo privado. Así por ejemplo, los vehículos del servicio de autobuses metropolitanos de Granada redujeron en un 60% las emisiones de dióxido de carbono en 2019 (el confinamiento de 2020 impide tomar este año como referencia) respecto al vehículo privado, según un análisis sobre la huella de carbono que el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada (CTAGr) ha hecho público recientemente.

Este estudio, realizado con la consultora granadina Omawa Huella Ecológica y según la metodología internacional de estimación de emisiones, ha tomado como referencia a los más de siete millones de personas que utilizaron la flota de vehículos del CTAGr en 2019 y concluye que cada individuo es responsable de menos de una tonelada de CO2, concretamente de 1,14 kilogramos. De esta forma, sostiene el Consorcio en una nota, un kilómetro recorrido en transporte público es mucho menos contaminante que uno recorrido en un vehículo particular.

La explicación a esta desigualdad es bastante sencilla: un autobús, aunque varía en función de la línea, permite desplazar a unos catorce pasajeros frente a los cinco como máximo que albergaría el coche (o los dos de la moto), aunque para el estudio se ha tomado como referencia 1,25 pasajeros en coche.

De esta forma, las líneas que son más demandadas por los granadinos son, de acuerdo al estudio, las que generan menos dióxido de carbono, con la GR-SN(Granada-Sierra Nevada) a la cabeza con 0,035 kilogramos por kilómetro, seguida de la 245 (Granada-Aeropuerto) con 0,038 kg y la 240 (Granada-Fuente Vaqueros) con 0,04 kg. En el otro extremo se encuentran aquellas líneas que transportan menos pasajeros y que, por tanto, son más contaminantes, destacando en este sentido la 0123 (Granada-Polígono de Juncaril) con 0,2 kilogramos. Según la nota, este primer puesto lo ocuparía la línea 0169 (0,34 kg), aunque actualmente está suprimida.

En un punto intermedio se encontrarían aquellas líneas que cubren un mayor recorrido y que, por tanto, son las más contaminantes. En este caso destaca la 360+361 que cubre el trayecto entre Granada y Talará, que el año 2019 emitió 624 toneladas de CO2. Pese a todo, según se extrae de los datos analizados por Omawa, el 97% de las líneas del Consorcio de Transporte emiten menos gases de efecto invernadero que el vehículo privado para los desplazamientos por el Área Metropolitana de Granada.

El estudio también desgrana de donde provienen esas emisiones, siendo lógicamente el propio autobús el responsable del 80% del total. El resto proceden de los servicios de gestión central y la producción de carburantes.

La presentación de estos datos, más allá de poner en valor el transporte público, supone un punto de partida para conocer la situación de la emisiones de gases de efecto invernadero en Granada y su Área Metropolitana, lo que a su vez permite establecer medidas para optimizar aún más el impacto medioambiental de la flota de vehículos, porque como reconoce el CTAGr, “aquello que no se puede medir, no se puede mejorar”.

El primer paso en esa mejora la dio el propio Consistorio, que presentó a finales de abril el primero de sus autobuses híbridos, con los que espera modernizar su flota y reducir al máximo su huella de carbono con el objetivo de que el futuro de Granada sea lo más verde posible.