El Tribunal Supremo decidirá sobre quién es el propietario del antiguo Hospital Clínico de Granada

Nuevo capítulo judicial para desenredar la madeja sobre la propiedad del antiguo Hospital Universitario Clínico San Cecilio. El inmueble, que continúa con uso médico tras ser rebautizado como Hospital Doctor Olóriz, es objeto de un largo proceso que tiene como protagonistas, además de al propio inmueble, a la Junta de Andalucía y a la Universidad de Granada (UGR).

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación interpuesto por la Universidad tras el fallo judicial de 2024, que daba la razón a la Junta. Aquella sentencia de la Audiencia Provincial de Granada respondía a su vez a un recurso de apelación previo interpuesto por la Administración regional tras otra sentencia, ésta del Juzgado de Primera Instancia número dos de Granada. Para hacerse una idea de lo completo del asunto, la sentencia que ahora estudiará el TS cita fallos judiciales de 2011, 2012, 2013 y 2017, además de la de 2024.

"La admisión se acuerda con carácter provisorio, por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia", determina el auto del Supremo, remitido a las partes recientemente.

El mismo documento determina que "procede admitir" el recurso de casación presentado por la Universidad al concurrir "los presupuestos y requisitos legalmente exigido" y presentar "en principio" interés casacional a fin de que la "sala se pronuncie sobre la titularidad del Hospital Clínico de Granada" que tanto Junta como Universidad defiende como propia.

La sentencia que ahora debe estudiar el Supremo determina que las fincas registrales sobre las que se levanta el Clínico son de la Junta. Quedan fuera los edificios que acogieron anteriormente la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, hoy Espacio V Centenario y Edificio Josefa Castro Vizoso, respectivamente.

La cuestión sobre la propiedad lleva años de litigio que cobró vida cuando, una vez realizado el traslado del Clínico al PTS se propuso que el inmueble fuera destinado a biblioteca. La idea no llegó a cuajar. Con la pandemia se intensificó la labor asistencial en el edificio del antiguo Clínico y hoy es el Hospital Doctor Olóriz, dependiente del Virgen de las Nieves. La Junta ha propuesto que uno de los pabellones sea sede de la Escuela Nacional de Salud Pública, organismo estatal del que el Gobierno decidirá dónde se ubica el próximo mes de agosto.

La UGR ha alegado en estos años que los 54.069 metros cuadrados de la parcela donde está el Hospital y los edificios universitarios le pertenecen y como tal están inscritos en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, la sentencia de 2024 establece que la titularidad de la parcela donde está el Clínico (casi 49.000 metros cuadrados) es de la Junta. El juez, además, estableció la nulidad de los asientos registrales que inscribieron la finca en favor de la UGR y la agrupación de todas ellas.

La titularidad, expone la sentencia que ahora debe analizar el Supremo, determina que la propiedad se dio a la Junta en virtud de la ley 50/1984 de 30 de diciembre. La Junta tiene registrado el Clínico en el Catastro y en el Inventario General de Bienes y Derecho. Lo que la UGR pretende es que la inscripción en el Registro prevalezca sobre la hecha en el Catastro.

La idea de dotar a la ciudad de Granada de un hospital moderno, grande y en el que se hiciera investigación y docencia universitaria nació a comienzos del siglo XX. La guerra paralizó las obras del edificio, lo que llevó a trasladar también a la Facultad de Medicina desde López Argüeta. La inauguración del Hospital se produjo en 1952, mientras que en Medicina comenzaron las clases en 1944. Hasta los años 70 el mantenimiento del Hospital y el sueldo de sus profesionales dependió de la Universidad. Un acuerdo con el Instituto Nacional de Previsión motivó que el coste -demasiado alto para la UGR- pasara a menos del Estado. Así fue hasta los años 80, cuando las competencias fueron atribuidas a las comunidades autónomas.

En 1986 se anunció el traslado al PTS. Las obras finalizaron en 2010 y en 2016 se inició la mudanza, que estuvo marcada por las protestas de la ciudadanía, que reclamó que Granada no perdiera sus dos hospitales.