Empresarios de hostelería pedirán a la Junta, a través de la federación andaluza que los representa, que derogue el decreto que regula las viviendas con fines turísticos y que haya además una normativa homogénea en España. A la vez han advertido de que, al menos en el caso de Granada, empieza a haber "señales de turismofobia" en algunos edificios del centro.

Los presidentes de la Federación de Hostelería de Granada, Trinitario Betoret, y de la Asociación de Hospedaje, Gerardo Castilla, participaron ayer en la quinta reunión de la mesa para combatir los alojamientos "clandestinos". Pretenden con esta iniciativa, en la que han tomado parte representantes de las administraciones públicas y otras organizaciones, combatir la competencia desleal y otras formas de establecimientos que prestan servicios turísticos.

Han reclamado también que se lleve a cabo un estudio pormenorizado a través de la Federación de Municipios y Provincias para solucionar el que consideran un "gravísimo problema", que no genera empleo ni turismo de calidad. De igual modo, han alertado de que se está generando una "turismofobia" que empieza a dañar la convivencia de los vecinos en las ciudades, con lo que el problema ha pasado de ser solo del sector empresarial y ya afecta a los destinos y la convivencia.

El precio del alquiler de las habitaciones se ha disparado y los propios estudiantes, en una ciudad universitaria como Granada, empiezan a tener dificultades para encontrar vivienda. Por ello, han pedido que los requisitos para las viviendas que se destinan a alquiler turístico sean las mismas que para las actuales empresas, sin ninguna diferenciación.

Esta homogeneización de requisitos y condiciones de establecimientos deberá contemplar un convenio de aplicación a esa actividad, la prevención de riesgos laborales o planes de evacuación.

Apuestan además por la máxima coordinación entre la Junta y los ayuntamientos, que haya justificantes de pago obligatorios con facturas legales o permisos expresos de las comunidades de vecinos, entre otras propuestas.

Según Betoret, se ha creado una "burbuja inmobiliaria" alrededor de este fenómeno sobre el que no existe control respecto a seguridad, empleo o economía sumergida, con una "oferta ilegal que crece día a día" y que sitúa a los hosteleros en una "tesitura difícil".

Aunque el decreto andaluz nació con una vocación de "economía colaborativa", añadió Betoret que esta norma no ha cumplido sus expectativas porque es una actividad "económica pura y dura", que podría tener su encaje con una modificación de la normativa de apartamentos turísticos.

Castilla, por su parte advirtió de que están desapareciendo actividades tradicionales en los centros urbanos y que se está cambiando un modelo tradicional de convivencia por uno "meramente turístico", incidiendo en que empieza a haber "señales de turismofobia" cuando la actividad llega a edificios residenciales donde los que se alojan puntualmente no tiene el mismo cuidado en su estancia.