Los ultras de la Toma se enfrentarán a sanciones de hasta 2.000 euros

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía que el Ejecutivo autonómico pretende convertir en un hecho ya está levantando ampollas. Y lo seguirá haciendo. La normativa estipula sanciones de entre 200 y 2.000 euros -consideradas como "leves"- a todo aquel que enarbole símbolos "franquistas y anticonstitucionales". Así lo anunció ayer la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, junto al director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo.

Y es que el nuevo código establece "la prohibición expresa" de la exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a "eliminar cualquier vestigio" de este tipo. La pregunta, en este punto, era obligada. Como es costumbre, cada 2 de enero en Granada, festividad de La Toma, los grupos radicales de uno y otro signo se reúnen en la Plaza del Carmen ataviados con estandartes que podrían entrar en la consideración de contrarios a la Constitución de 1978. ¿Están exentos de sanciones? "Si se portan y muestran símbolos franquistas y banderas preconstitucionales, se sancionaría a la persona que los exalte porque se considera un atentado contra la dignidad de las víctimas de ese régimen", declaró García.

"Lo que se persigue es que no haya una denigración o una ofensa a las víctimas del franquismo; evidentemente, hay partidos neofascistas en España que están legalizados y esta ley no lo va a impedir, pero sí se intenta que los damnificados por la dictadura no se vean, de alguna manera, insultados al recordar prácticas indefendibles en democracia", sostuvieron los representantes de la Junta. Esta infracción está en el último escalón de los tres en los que se gradúan las sanciones. 150.000 euros son las multas más elevadas, destinadas para algunas de las faltas "muy graves". Así, se consideran la "construcción y remoción" de terrenos donde haya constancia de la existencia de fosas o la destrucción de éstas. Se incurrirá en una "grave" si se "incumple la orden" de retirada de escudos, insignias o placas o si no se conservan o se realizan obras en lugares de "memoria histórica" sin autorización. También se penaliza el hecho de trasladar restos humanos sin permiso o no informar del hallazgo casual de los mismos. "Las leves serían incumplir la prohibición de exhibir públicamente placas, escudos, insignias y otros elementos o impedir la visita pública y dañar espacios que estén catalogados como lugares de memoria democrática", expuso la delegada.

Naranjo, no obstante, aclaró que cuestiones "tan específicas" como los distintos castigos a los incumplimientos de la futura ley "exigen" un "reglamento posterior", que centralizará todos esos aspectos. "Aquí hay cantidades genéricas, de 200 a 150.00 euros pero son sólo las referencias", indicó.

Desde el Gobierno andaluz no se marcan un plazo concreto para que la nueva norma entre en vigor, pero Luis Naranjo afirmó que esperaba que fuese "pronto". El recorrido para hacerlo aún es complejo. Pese a que su "tramitación" ya fue autorizada por el Consejo de Gobierno autonómico, ahora tiene que ir a debate parlamentario. "Y esta ley va a suscitar muchas aportaciones", añadió. Como García y Naranjo señalaron, la ley que pretenden instaurar con dicho anteproyecto supone una "profundización" del marco estatal y una "adecuación" de la normativa existente a las "características andaluzas". "No olvidemos que, en Andalucía, se cometió el mayor volumen de asesinatos del conjunto de la nación, tanto en el Golpe de Estado como en la Guerra Civil. Para que se entienda, las fosas que tenemos aquí, las de 4.000 fusilados en Málaga, las de 2.800 en Granada... y la dimensión cuantitativa de la represión franquista y de lo que podemos denominar, con toda la razón, como el genocidio franquista en la comunidad no tiene parangón con lo ocurrido en otros puntos de España", puntualizó el director general de Memoria Democrática.

Se constituye, igualmente, un día especial para el "recuerdo y homenaje" a las víctimas: el 14 de junio. Jornada que coincide con la fecha de la primera exhumación "oficial" de una fosa común realizada en 2003, precisamente, en Granada -en Lecrín-. De acuerdo con las palabras de Naranjo, lo que se quiere es desarrollar un derecho humano, reconocido así por la ONU. "El derecho de los pueblos a conocer la verdad y a conocer su pasado". Para Sandra García supondrá todo un triunfo: "Es una norma que reafirma nuestro compromiso con la verdad, la justicia y reparación con las víctimas de la represión y de la sin razón".