La Unión Europea pide a Guinea Ecuatorial que libere a un granadino detenido en una prisión que vulnera los derechos humanos

El Parlamento Europeo publicaba a última hora de este miércoles una resolución sobre la detención "arbitraria" de David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero, dos ciudadanos españoles, uno de Granada y otro de Córdoba respectivamente, que se encuentran arrestados en la prisión de Black Beach de Guinea Ecuatorial, conocida por sus condiciones inhumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desde el pasado mes de abril.

En esta resolución, Europa solicita a las autoridades del país centroafricano que "adopten medidas inmediatas e incondicionales" para garantizar como el levantamiento de la prisión preventiva para ambos, garantizar su bienestar y el respeto de sus derechos, garantizarles un juicio justo y el acceso a atención médica y asesoramiento jurídico.

Este viernes 10 de octubre, a las 12:00 horas, los trabajadores de TG7, la televisión municipal de Granada, van a realizar una concentración en solidaridad con Rodríguez, quien también es extrabajador de este medio, concentrándose a las puertas de sus instalaciones en el Polígono del Florío.

Según detalla la resolución, consultada por este periódico, Rodríguez Ballesta y Marañón Montero fueron detenidos en Malabo a mediados de enero de 2025 en relación con un proyecto fallido de televisión digital, y posteriormente fueron trasladados el 7 de abril de 2025 a la prisión de Black Beach. Desde entonces, según el Parlamento Europeo, las solicitudes consulares españolas pidiendo información sobre ambos "se han retrasado u obstaculizado", hasta tal punto que la detención de estos ciudadanos europeos "ha tensado las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial y suscita preocupación por la protección de los ciudadanos de la UE en el extranjero".

El Parlamento ha solicitado la libertad de los españoles "considerando que ambos hombres fueron puestos en aislamiento como represalia y se les negó el acceso a sus abogados y familiares, tras la interceptación ilegal de sus conversaciones privadas con diplomáticos españoles, y considerando que, según se informa, su salud se está deteriorando gravemente (en particular la del cordobés) debido a una huelga de hambre".

Además, desde la Unión Europea han pedido a las autoridades ecuatoguineanas que garanticen que ciudadano cordobés reciba tratamiento médico urgente, y exige que se le proceda a una evacuación médica urgente para ambos. Además, han subrayado que las detenciones y arrestos arbitrarios "dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales y pueden tener un impacto negativo en sus relaciones con el continente europeo".

En su resolución, el Parlamento justifica su petición en el contexto que vive este país africano, que desde 1979 está gobernada por el régimen de Teodoro Obiang Nguema, considerado ampliamente como una dictadura autoritaria caracterizada por graves violaciones de los derechos humanos. En este contexto, las organizaciones internacionales y no gubernamentales informan sistemáticamente sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas la detención y el encarcelamiento arbitrarios de ciudadanos extranjeros, las condiciones que ponen en peligro la vida en las cárceles y centros de detención, y la violencia y la tortura de los detenidos. Además, destacan que la corrupción sistémica garantiza que la inmensa riqueza petrolera del país beneficie sólo a una pequeña élite, dejando a la mayoría de la población en la pobreza extrema.

Europa ha pedido a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y al Servicio Europeo de Acción Exterior que "en estrecha coordinación con las autoridades españolas", intensifiquen los esfuerzos diplomáticos en relación con este caso y ha expresado su "profunda preocupación" por la subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen y la falta de rendición de cuentas por los tribunales, "la persistente tortura y las condiciones carcelarias inhumanas, la continua persecución de la oposición política, las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos en el país".