La Universidad de Granada deja en la mitad la compensación económica mínima por ser instructor en un expediente disciplinario

Si en 2019 se aprobó un mínimo de 300 euros y un máximo de 500, en función de la complejidad del asunto, cantidades que varían a partir de ahora

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Entrada del Hospital Real, sede del Rectorado. / R. G.

La Inspección de Servicios de la Universidad de Granada tiene como objetivo velar por el "correcto funcionamiento" de la institución. Es el órgano que tramita, entre otras cuestiones, los expedientes disciplinarios, una de las cuestiones más delicadas que aborda la Universidad como administración pública. En el desarrollo de esos expedientes disciplinarios existe una figura clave, la de instructor, funcionarios de la propia UGR que quedan adscritos a la Inspección mientras realizan las actuaciones necesarias para determinar qué ha ocurrido.

En 2019 la Universidad aprobó en consejo de gobierno la propuesta de compensación económica a quienes desempeñaran la función de jueces instructores en expedientes disciplinarios. Son los encargados de conducir el trámite hasta que se decide si finalmente procede sanción o no. En 2019, cuando se aprobó el abono de una remuneración, se hizo hincapié en que esta medida atendía a la "experiencia acumulada durante los últimos cursos académicos". En función de la complejidad del asunto, se acordó abonar una cantidad de entre 300 y 500 euros, a pagar una vez que finalizara con "aprovechamiento" la fase de instrucción.

El máximo y el mínimo

En el último consejo de gobierno de la Universidad granadina este acuerdo de compensación se ha visto modificado. Por un lado, la cantidad mínima a percibir, siempre y cuando el expediente no caduque "por causas imputables al instructor", baja a los 150 euros. Por el otro lado, y siempre en función de la complejidad del asunto, la persona que asuma la instrucción de un expediente puede recibir una gratificación máxima de 600 euros.

El importe que se pagará finalmente dependerá de la "carga de trabajo, que vendrá condicionada por la complejidad estimada del expediente", indica el acuerdo aprobado en consejo de gobierno este mes de julio. Para ello se tendrá en cuenta la "gravedad de la falta o faltas investigadas", el número de personas implicadas "y los posibles medios de prueba y la duración" del procedimiento.

La persona encargada de evaluar estos aspectos -complejidad, duración y carga de trabajo- será el equipo de la Inspección de Servicios. Este órgano cuenta con un director, una inspectora jefe y varios inspectores adscritos.

El pasado curso 2023/2024, según los datos de la memoria anual de la Inspección facilitados por la Universidad de Granada, se tramitaron en la inspección 191 asuntos de carácter extraordinario. En relación a estos asuntos se llevaron a cabo 203 comparecencias.

En datos

El colectivo del estudiantado de grado presentó 81 asuntos, mientras que el profesorado tramitó otros 46 y el personal de administración, gestión, técnico y de servicios, otros 25. Según el comunicado de la UGR, 66 irregularidades comunicadas a la Inspección estaban relacionadas con el desarrollo de la docencia. No todos estos asuntos acabaron en expedientes disciplinarios. De hecho, en ese curso 2023/2024, se abrieron tres. Uno llegó a cerrarse y dos estaban en fase de instrucción en el momento de presentación de la memoria anual, en marzo de 2025.