El aviso de la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada: "El fraude académico se viene relacionando con el uso indebido de la inteligencia artificial"

La inspectora jefe de la Universidad de Granada, Eva María Sánchez Cobos, señaló en el XVI Encuentro de Inspecciones de Servicios de Universidades de Andalucía, que "actualmente, el fraude académico se viene relacionando con el uso indebido de la inteligencia artificial. Esto se hace patente especialmente en las pruebas de evaluación, cuando se comete con la ayuda de dispositivos electrónicos no permitidos".

Esta reflexión fue una de las señaladas por Sánchez Cobos en el citado encuentro, celebrado hace unos días en la Universidad de Sevilla (US). La inspectora jefe de la UGR participó en el análisis de uno de los temas "centrales" de la primera jornada de la cita, informa la Hispalense, precisamente sobre el fraude académico y los protocolos de intervención del profesorado ante estas conductas.

"La Universidad de Granada cuenta con una normativa vigente que regula la evaluación y calificación de su estudiantado en las asignaturas ofertadas en los estudios oficiales de grado y máster. Dicha normativa incluye, en su capítulo dedicado a la evaluación, un artículo relacionado con el desarrollo de las pruebas de evaluación, en el que se establece, por una parte, que el estudiantado deberá concurrir a dichas pruebas portando la correspondiente documentación acreditativa de su identidad, que podrá ser exigida por el profesorado en cualquier momento. Por otra parte, también se establece que, en caso de que el estudiantado utilice materiales no permitidos, considerados fraudulentos, relacionados con la prueba, o porte aparatos electrónicos no permitidos, incluyendo de audición, audiovisuales, de medición del tiempo, telefonía móvil... deberá abandonar el examen", señaló la inspectora jefe.

Cero de nota y responsabilidad disciplinaria

Además de tener que el estudiante tenga que dejar el examen, el profesorado puede retener "sin destruirlo, cualquier objeto involucrado en la incidencia, dejando constancia mediante escrito, que trasladará posteriormente al Departamento, pudiendo aportar además, a modo de prueba, el material documental o de otro tipo que estime oportuno en relación al incidente", explicó en su intervención Sánchez Cobos.

"En cuanto a la actuación del profesorado ante un presunto caso de fraude académico, dicho artículo de la normativa regula igualmente que, en caso de detectar cualquier actuación contraria a los principios de merito individual y autenticidad del ejercicio a los que el estudiantado ha de atender en las pruebas de evaluación, que quede acreditada incluso durante el proceso de evaluación de la prueba, "dará lugar a la calificación numérica de cero, la cual no tendrá carácter de sanción, con independencia de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar", recordó la inspectora jefe de la UGR. Es decir, que además del suspenso quien cometa este tipo de infracción puede ser castigado según la normativa universitaria.

"Imprescindible"

"En aras de minimizar la comisión de fraude académico por parte del estudiantado, se hace imprescindible que tanto dicho colectivo como el profesorado conozcan el contenido de la normativa correspondiente, atendiendo a su cumplimiento. También se requiere del conocimiento y correcto uso de las herramientas de detección de plagio con que cuenta la Universidad", ponderó la también profesora de la Universidad de Granada.

Las Inspecciones de Servicios están reconocidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como unidades básicas en el organigrama de las universidades públicas, señaló la Universidad de Sevilla, anfitriona del encuentro, en un comunicado. La función de estas entidades es velar por el correcto funcionamiento de los servicios que prestan las universidades y tramitar los expedientes disciplinarios conforme a la normativa. Las inspecciones de servicios son, según subraya este mismo comunicado, un "rasgo diferenciador de la universidad pública", ya que no son requisito para la creación de una universidad privada.

Balance

En el curso 2023-24, último del que se han dado datos, por parte de la Inspección de Servicios de la UGR se tramitaron un total de 191 asuntos con carácter extraordinario, es decir, aparte de las acciones previstas en el Plan de Actuaciones.

Estos 191 asuntos fueron "de diferente naturaleza y complejidad, llevándose a cabo 203 comparecencias, de aquellos miembros de la Comunidad Universitaria relacionados con los asuntos presentados". Se incoaron un total de tres expedientes disciplinarios durante el curso académico 2023-24, de que se cerró uno y dos estaban en fase de instrucción en el momento de la presentación de la memoria.