Un pensionista por invalidez desde hace más de 10 años vecino de la localidad de Motril, en la Costa de Granada, ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de dicho municipio haya emitido una sentencia que le exonera el 100% de una deuda de 45.000 euros que había adquirido tras solicitar hasta 25 microcréditos de diferentes empresas.

Esta sentencia se produce tras haberse acogido esta persona a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo legal aprobado por el Gobierno nacional en 2015 que permite a particulares y autónomos deudores renegociar sus deudas o librarse de parte de ellas. Este procedimiento está ideado para que las personas físicas, con o sin actividad empresarial, puedan superar una situación de insolvencia grave o quiebra.

El objetivo principal es ofrecer un auxilio a aquel que probadamente ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está viviendo un bache económico. Con esta sentencia, con la que además el vecino de Motril ha conseguido que tampoco le embarguen su vehículo, 

Según ha informado la 'Asociación de Ayuda al Endeudamiento', encargada de asesorar a este vecino de la Costa de Granada, se consigue cerrar así un "complejo expediente con éxito", lo que permite a esta persona "comenzar de nuevo de cero".

Tal y como ha informado la asociación, el protagonista de este caso es un pensionista por invalidez desde hace más de 10 años. La disminución de los ingresos mensuales provocó ciertas dificultades para pagar sus cuotas mensuales. Por ello, decidió solicitar microcréditos para no generar impagos e ir tirando.

Al principio parecía una buena idea, pero al poco tiempo se dio cuenta de que el problema sería el mismo. Esta situación generó una "bola de nieve" hasta que le fue imposible asumir algunas cuotas. La deuda crecía exponencialmente y con un interés mayor, debido a las condiciones típicas de estos microcréditos. Temiendo el embargo sobre sus únicos ingresos, este motrileño decidió buscar alguna salida a su problema.

"Fue entonces cuando contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Tras el estudio minucioso de su caso, los letrados de la entidad aconsejaron acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad", han relatado.

Pepe Domínguez, abogado de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, ha detallado que "la condición de insolvente era notoria desde que sus ingresos cambiaron", y ha recordado que pedir más créditos para pagar los anteriores "solo sirve si se espera una mejora en la condición económica y se estudia muy en detalle las condiciones de los nuevos préstamos, pero rara vez es recomendable".

Así se consiguió perdonar la deuda

Con el comienzo de los trámites, este motrileño ya obtuvo un respiro económico importante: la paralización de cualquier pago por los préstamos y tarjetas. Además, cualquier ejecución o embargo quedaba en suspenso, hasta que el caso se resolviera. Otra ventaja que no debe pasar por alto es que cesó considerablemente el acoso de los acreedores, permitiendo una mejora en la salud.

El segundo paso consistía en presentar un intento de acuerdo a todos los acreedores para demostrar la buena fe del deudor, algo que dejó de ser obligatorio, según ha explicado Domínguez, para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

"Los acreedores por regla general siempre rechazaban o no atendían a las propuestas de convenio. Es una buena noticia que no sea preceptivo, ya que se agilizan los trámites, se acortan tiempos y se ahorran costes en honorarios de notaría y mediador concursal, el cual deja de existir".

Esto se convirtió en la mejor noticia, dado que ya quedaba demostrada la buena fe del interesado y optaba a conseguir la cancelación y perdón de todo lo que debía. Tras ello, se solicitó al Juzgado de Motril que se exonerara el 100% de los préstamos solicitados, aprobados y permitiéndole comenzar de nuevo.

Requisitos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Para acogerse al procedimiento de Segunda Oportunidad, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha recordado que es necesario cumplir una serie de requisitos, que han cambiado con la reforma concursal. Estos son: la insolvencia del interesado, no haber estado en concurso los últimos 5 años, no haberse exonerado en los últimos 10 y carecer de delitos de orden socioeconómico.

Una vez comprobados estos presupuestos se dictó la resolución definitiva, concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) lo que ha supuesto dejar a este deudor libre de pagar 44.616 euros. Con esta sentencia los acreedores del concursado no podrán reclamar ningún pago más ni incluir en fichero de morosos al ya ex-deudor.