Ahí va la teoría. “En España, las extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género y de trata reciben protección específica”. Pueden solicitar asilo o refugio y, con ello, protección internacional y la posibilidad de regularizar su situación.

Aquí, la práctica. “Las solicitudes son rechazadas en un primer momento por la Administración y, posteriormente, en vía judicial, debido a que a estas mujeres se les exige como principal elemento probatorio un testimonio creíble que, en ocasiones, puede resultar desproporcionado”.

Los dos enunciados componen parte de la argumentación que se recoge en el programa del seminario sobre Protección internacional de las extranjeras víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual, celebrado recientemente en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada (UGR). Estas jornadas querían “identificar” la situación de estas mujeres y “dar visibilidad a los obstáculos que les impiden otorgar el estatuto de refugiadas” de la mano de expertos de las áreas del Derecho, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las ONG que participan en la atención de mujeres inmigrantes.

30.000 peticiones de asilo se registraron el pasado año y en éste se puede llegar a las 50.000

La directora de las jornadas y profesora de Derecho Internacional Privado de la UGR, Carmen Ruiz Sutil, reconoce que “el problema está en la credibilidad” del relato de estas mujeres cuando llegan a España. En el marco de las jornadas destacó que el proceso para obtener la protección que supone ser asilado o refugiado “pasa por alto cuestiones de género”, a pesar de que la violencia contra la mujer es un motivo –como la identidad sexual, la creencia religiosa o la ideología política– para pedir protección internacional.

En las mismas jornadas se recordó que en esto también se ha avanzado.La Convención de Ginebra, suscrita en el año 51 del pasado siglo, no recogía la violencia de género como un motivo para solicitar protección. Se incorporó más tarde, cuando se determinó que, efectivamente, hay mujeres perseguidas, agredidas, traficadas o casadas a la fuerza sólo por el hecho de ser mujer.

La jefa de Área de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, Isabel Sánchez, indicó en las jornadas que el pasado año apenas quince mujeres tramitaron la petición de asilo tras alegar que eran víctimas de trata, un negocio que, según se indicó en la presentación de la ponencia, es uno de los ilícitos más lucrativos a nivel mundial, por detrás de la droga.

El pasado año, cifra dada por la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, hubo más de 30.000 peticiones de asilo y este año “estamos camino de las 50.000 peticiones”, indicó la responsable del Ministerio. Y de ese global de 30.000 peticiones, sólo quince mujeres lo consiguieron por ser víctimas de redes de tráfico de personas, lo que supone un porcentaje insignificativo.

Estas mujeres pueden pedir asilo por haber sido forzadas a contraer matrimonio, por ser víctimas de malos tratos, de violencia sexual, sufrir la ablación... sin embargo, “es muy complejo poder probar que ha sufrido” violencia de género o ha sido víctima de trata “en su país de origen”, indicó la jefa de Área de la Oficina de Asilo, que también reconoció que se dan casos de “revelación tardía” de los hechos y que desde la Oficina se rehúye recurrir a perfiles predefinidos ni a que en los países de origen exista legislación contra la violencia hacia las mujeres.

Las propias redes facilitan el relato a las mujeres para que aleguen maltrato

También puede ocurrir que sean víctimas de trata una vez en España, y no ser víctimas de las redes hasta que han cruzado la frontera.

“La concesión es muy baja”, reconoció la responsable del área. De hecho, ni siquiera hay datos más allá de los ya señalados. Tampoco las ONG, como Cruz Roja, cuentan con este tipo de información sobre cuántas mujeres víctimas de violencia de género cruzan la frontera, aunque reconocen que “claro que en todos los países hay casos”.

La falta de datos, de estadísticas, es un problema para “profundizar” en lo que ocurre con las mujeres víctimas de violencia de género que emigran, reconoce la profesora Ruiz Sutil. “Parece que no es nuestro”, zanja la investigadora, que también señala que a las víctimas de trata, en el caso de conseguirlo, se les da un nivel de protección “subsidiario” y no el estatuto de asiladas, el máximo que se puede otorgar.

Isabel Sánchez reconoció que cada caso se estudia de forma individualizada, pero se suele sospechar cuando una mujer alega ser víctima de trata, por ser totalmente inusual. También alertó de que las propias redes de trata facilitan relatos a las mujeres para que aleguen que son víctimas de maltrato –denuncian justo antes de salir del país– y consigan evitar la expulsión. Este hecho pone en evidencia lo complicado del problema en el que Sánchez reconoció la dificultad de gestionar estos casos.

Las víctimas no son sólo mujeres. También hay niñas. La anterior defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ya expuso en uno de sus informes –en concreto el presentado en marzo de 2017– que se daban casos de menores “potencialmente víctimas” de redes de trata que “de forma generalizada” rechazaban el periodo de reflexión que se les ofrecía para denunciar su caso una vez que desembarcaban en la Costa granadina.

El citado informe señaló el caso de una menor que llegó al puerto de Motril. Su edad no se determinó correctamente, fue derivaba a un centro de internamiento en Madrid y terminó por desaparecer. Después se supo que había llegado a Francia. Becerril también expuso su preocupación por el hecho de que se determinara de forma incorrecta como adultas –y que como tal habían sido tratada– a menores que habían llegado irregularmente a la Península.