Funcionarios trabajarán por las tardes para desatascar los expedientes de Movilidad que genera la ZBE

La Zona de Bajas Emisiones de Granada, que lleva 22 días en funcionamiento, ha sido la protagonista de la comisión de movilidad de este mes de octubre, mes de inicio de la misma con la entrada en vigor de las sanciones. Y mientras el equipo de Gobierno defiende los datos sobre la reducción del tráfico, en la oposición el PSOE incide en el "caos" en el área por falta de personal, un extremo que niegan en Movilidad. Una diferencia de criterios en los que sí Movilidad ha reconocido falta de personal después de que el PSOE advirtiera de que se está pidiendo administrativos y auxiliares municipales que por las tardes echen horas extra para desatascar expedientes. Y en la ecuación, otra clave: Movilidad advierte del efecto que pueden tener los seis recursos judiciales interpuestos contra la ZBE. Si se paraliza cautelarmente o se anula puede llevar a la pérdida de subvenciones millonarias que tienen como requisito que la ZBE esté en vigor.

Sobre el tema de personal, el debate se ha iniciado cuando la portavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha leído en la comisión el whats app que han recibido los funcionarios municipales para reforzar el área de Movilidad, "la consecuencia de este mostruo burocrático". "El mensaje pide refuerzos para trabajos extraordinarios con motivo de la ZBE y reclama a administrativos y auxiliares en horario de tarde para desatascar expedientes. Hay hasta el 24 de octubre para presentarse y se harán tareas administrativas en servicios extraordinarios que serán retribuidos económicamente. Y habrá una sesión formativa el día 24", ha leído Ruz, que lamenta que esto haya que hacerlo 24 días después de la entrada en vigor. "Ahora se dan cuenta de que tienen problema administrativo y van a formar al personal para que sepa qué hacer con la montaña de papeles. Se tendrían que haber dado cuenta antes", ha apelado directamente a Agudo.

La concejala de Movilidad, Ana Agudo, ha respondido a Ruz que "no tienen autoridad moral para hablar de falta de previsión cuando usted ni movió un papel. Me parece rocambolesco", ha dicho. "Sí estaba planificado pero con las carencias de personal del ayuntamiento es difícil de cubrir". Agudo reconoce que llevan pidiendo refuerzos "desde el invierno pasado y no se pueden dar por presupuesto y organización de recursos humanos". Desde final de julio se intensificó esta petición y se ha incorporado personal desde septiembre de forma temporal "para coger la ola que ha tenido septiembre y octubre ha comenzado también con muchos expedientes que hay que cerrar". Con todo ha matizado que muchos son declaraciones responsables que al final se meten en la lista blanca y hay que verificar, para lo que se tiene más tiempo.

"La situación ha sido compleja, sí, lo reconozco, pero no hay falta de previsión, sí de recursos. Eso no quita que hay que implantarla", insiste Agudo, que acusa al PSOE de criticar cualquier opción que se hubiera elegido. "Tener excepciones para equilibrar la Zona de Bajas Emisiones lleva una carga administrativa mayor. No viene por el diseño sino por la implantación con las excepciones".

Desde el área de Movilidad se ha defendido también que el personal que se pide será voluntario y que también se está haciendo así a petición de los sindicatos, que han pedido que se abra la convocatoria a todas las áreas ya que se estaban recibiendo en Movilidad ofrecimientos de personal que de esta forma se regulan. "De caos nada, mucho trabajo sí pero no caos. Las colas de hace unas semanas se han reducido", indican.

El trabajo que realizarán será administrativo aunque aclaran que no será la tramitación de multas ya que no se ha comenzado aún y eso va por otro servicio. Lo que se hará son fundamentalmente labores de registro de entrada de las peticiones y esperan que se sumen lo antes posible ya que está aprobado por Recursos Humanos. Sobre la cifra, con una media docena tendrían.

El tráfico baja un 2,9% en octubre

La concejala de Movilidad, Ana Agudo, ha dicho que el tráfico ha tenido "variaciones limitadas" y que en las tres primeras semansa de octubre ha visto una media de reducción del tráfico del 2,9% de vehículos únicos. "Respecto a los vehículos sin etiqueta, la disminución es paulatina. En los estudios previos teníamos un 15% de vehículos sin etiqueta y ahora estamos viendo un 7,89%, por lo que como conclusión se reducen los vehículos contaminantes mientras que la reducción de vehículos únicos tiene un leve descenso, por lo que se evidencia una migración de los vehículos contaminantes al transporte público y a vehículos con etiqueta".

Los recursos judiciales y sus posibles efectos económicos millonarios

Agudo ha explicado que tienen conocimiento de 6 recursos contra la Zona de Bajas Emisiones: uno de Vox, uno de un particular, una asociación y tres ayuntamientos. "Algunos han pedido la suspensión cautelar, que está siendo estudiada por la sala", ha dicho Agudo, que ha asegurado que la mayoría de las ZBE anuladas y que están vigentes tras corregir diferentes motivos, como Barcelona, Madrid, Segovia, Ávila, Gijón o Badajoz, han tenido sentencias de anulación de ordenanzas o algún otro elemento porque faltaba algún trámite, unos antecedentes que Granada estudió "asegurándonos que teníamos todo y aprendiendo de esas sentencias". Agudo ha advertido que la ley y el decreto que regula las ZBE plantean, a tenor de las sentencias, un "marco legal poco seguro para las administraticiones y para desarrollar las ZBE porque siempre hay alguna cosa pendiente". Con todo, se ha mostrado convencida de que se ha hecho un buen trabajo y tienen argumentos para defender la ZBE, por lo que están pendientes de las resoluciones que vayan remitiendo los juzgados y de medidas cautelares ya que los procesos completos llevarán más tiempo.

Con todo, advierte: "Una de las principales problemáticas era la penalización por parte del Ministerio de no poder acceder a subvenciones millonarias de apoyo al transporte público si no teniamos una ZBE vigente. Una sentencia en la que no pudieramos tenerla vigente ocasionaría por tanto un perjuicio importante económico puesto que pondría en riesgo subvenciones de millones de euros".

Sobre el estudio del Centro Comercial Abierto sobre la reducción de ventas, al que se agarra Vox para seguir contrario al proyecto, Agudo dice que es prematuro y que con una reducción del tráfico del 2,9% "no se puede percibir en las ventas".