En 2013 el Granada CF mantuvo la categoría en Primera División con una jornada de antelación. En 2014, en la última jornada contra el Valladolid de forma agónica. Y en 2015 igual, con un empate negociado con el Atlético de Madrid con el que ambos conseguían sus objetivos. Esos tres años son los que pueden llevar a la ruina al histórico club rojiblanco. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto auto de juicio oral contra la entidad rojiblanca como persona jurídica penalmente responsable de los tres delitos agravados contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Por todos ellos la institución podría estar obligada a pagar 26,9 millones de euros de multa, cantidad a la que se añade un tercio más para fijar la fianza impuesta: 35,8 millones. Además, los que fueran dueño y presidente del Granada CF, Gino Pozzo y Quique Pina, se enfrentan cada uno a penas de 12 años de prisión y a multas que asciende a 48,6 y 36,6 millones de euros, respectivamente, según recoge el auto del juez al que ha tenido acceso esta redacción. También se enfrentan a pena de cárcel Raffaele de la Riva, administrador de la empresa luxemburguesa que supuestamente actuó como pantalla, y Jordi Trilles, antiguo consejero del club y abogado.

En concreto, al Granada Club de Fútbol se le solicitan tres penas por el delito agravado (al ser superior la cantidad supuestamente defraudada a 600.000 euros) contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. El primer año por un total de 1,9 millones de euros, segundo año por 17, y el último por otros 8 millones. En total, 26,9 millones de euros a los que hay que sumar otro pellizco millonario en concepto de responsabilidad civil junto a Pozzo, Pina, de la Riva y Trilles. En total, 9,44 millones solidariamente entre las cinco partes.

Con esta decisión, Pedraz manda a juicio al club, al exjugador, empresario y agente de futbolistas Quique Pina, que fue detenido en 2018, y a otros tres imputados en la causa en la que se les ha investigado por diversos delitos contra Hacienda y en la que la Fiscalía ha concluido que existió un "plan criminal" para tomar el control del Granada CF en 2009. Los otros tres investigados contra los que se dirige el auto son el empresario italiano y antiguo propietario del club Gino Pozzo; Raffaele de la Riva, gestor de la sociedad de inversión Fifteen Securisation SARL; y el exconsejero del Granada CF Jordi Trilles.

En el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, describe "la ejecución de una compleja estrategia" trazada por los investigados, que "les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública Nacional. 

Era, dice la Fiscalía, un "complejo plan criminal a largo plazo" que "partía de la necesidad de acometer la toma del control" del Granada CF en 2009, cuando estaba en Segunda B y pasaba por "dificultades financieras", algo que habría conseguido Gino Pozzo mediante un "conjunto de estructuras opacas". El club superó el concurso de acreedores y "ya bajo el pleno control de los acusados, inició el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva"; después, explica la Fiscalía, comenzó a materializarse "la estrategia de defraudación", que consistía en que el Granada CF no tributase el Impuesto sobre Sociedades por las plusvalías que pudiera obtener con los traspasos de sus jugadores.

El Granada se enfrenta a estas multas millonarias a pesar de que en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, se admite que los sospechosos "vaciaron la tesorería del club", que ha sido una de las líneas de defensa de la entidad, presentándose como parte perjudicada en el proceso.

El caso ha pasado por una instrucción muy larga en la que los jueces de la Audiencia Nacional que han llevado el asunto tuvieron que ordenar una larga lista de diligencias, muchas de ellas en el extranjero. De todas ellas se deduce que el Granada CF estuvo manejado en aquellos años a través de un entramado de empresas. En concreto, en el sumario aparecen hasta 12 sociedades, la mayoría de Luxemburgo y Emiratos Árabes, que han manejado de forma directa o indirecta la sociedad anónima deportiva granadina. El hilo conductor de esa opaca estructura mercantil ha sido casi siempre la empresa Daxian 2009 SL, domiciliada en el Paseo de Gracia de Barcelona y cuyo administrador llegó a ser el propietario del Granada CF, Jiang Lizhang. 

La propietaria mayoritaria del club granadino era Daxian, pero la instrucción del caso trataba de esclarecer quién o quiénes estaban detrás de esa mercantil, y ahí es donde comienza el reguero de siglas en inglés de sociedades que se constituyen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos en países de fiscalidad muy laxa y que, a su vez, están controladas por otras mercantiles de características similares, o incluso radicadas en lugares como Islas Vírgenes, que directamente son considerados paraísos fiscales. Un buen número de esas empresas comparten domicilio en la dirección de un despacho luxemburgués de servicios financieros a medida o hasta en un apartado de correos del aeropuerto de Dubai.

La Fiscalía sostiene que todo ese entramado estaba organizado para defraudar a Hacienda con el traspaso de jugadores. También impidió que el club se beneficiara de cualquier operación.